El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha anunciado que la reunión prevista para este miércoles con su homólogo de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), para hablar sobre la presión migratoria que sufren ambos territorios ha quedado aplazada, tal y como ha informado la agencia de noticias EFE.
En un mensaje publicado en redes sociales, Clavijo ha informado de que la decisión ha sido de mutuo acuerdo entre ambos presidentes aunque siguen "en contacto y colaborando para obtener respuestas a una realidad que afecta a ambos territorios".
La idea de este encuentro, que ha quedado aplazado, era unificar posiciones sobre la presión migratoria al tratarse de los dos territorios españoles que más llegadas de migrantes están recibiendo en las últimas semanas.
El máximo representante del Gobierno de Canarias iba a mantener el miércoles una reunión en Ceuta con el presidente de la Ciudad Autónoma hasta que finalmente esa cumbre ha sido pospuesta.
"El presidente Vivas y yo hemos decidido aplazar la reunión monográfica sobre la emergencia migratoria prevista para este miércoles. Seguimos en contacto y colaborando para obtener respuestas a una realidad que afecta a ambos territorios", ha escrito Clavijo en su perfil en la red social 'X'. Un post que reproduce Europa Press.
Clavijo ha vuelto a defender este martes la decisión del Gobierno de Canarias de dejar la acogida en manos del Gobierno central ante la saturación que tiene red de centros de la comunidad autónoma al tiempo que ha admitido que hay un "debate interno" en su partido (CC) sobre la conveniencia de mantener el apoyo parlamentario al Gobierno central.
Clavijo ha defenidod este martes el proceso jurídico contra el Gobierno por "su pasividad" ante las llegadas masivas de menores extranjeros al archipiélago, alegando que "la paciencia del pueblo canario", tras más de un año de espera, "se tenía que acabar" en algún momento.
Además, el presidente canario amaga con llevar al Gobierno a los tribunales por “dejación de funciones”. Amenaza con llevar al Ejecutivo a los tribunales, abriendo un proceso jurídico contra el Estado por “el abandono”. Ha advertido que analiza distintas vías, incluso la penal.
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