Reclaman diálogo en una situación que consideran "inadmisible"
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado el “caos absoluto” que reina en la frontera con Ceuta con motivo del anuncio del cierre del paso de El Tarajal para el tránsito de mercancías y el “trato denigrante” dispensado por la Guardia Civil a las personas que ejercen el porteo.
Además, ha criticado que "unas 1.500 personas han estado durmiendo a la intemperie a la espera de turno para poder pasar la mercancía que les asegurará el sustento estos días, ya que la frontera cerrará por las fiestas navideñas".
Reclaman diálogo
La asociación exige de inmediato una intervención que ponga fin al maltrato que estas personas sufren por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las muertes por avalancha, que solo en este año ascienden a cinco, y que son fruto de la “desidia” de las administraciones. Por ello, demandan la práctica de diálogos bilaterales en los que la garantía a los derechos humanos sea prioritaria.
Las continuas aperturas y cierres de la frontera, además de los tickets y la autorización en días alternos para hombres y mujeres, como únicas soluciones a la avalanchas y al colapso en la frontera y del paso fronterizo, ponen de manifiesto, a juicio de la organización, cuáles son las prioridades para ambos gobiernos, que no pasan por garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.
Similar efecto, informan, ha obtenido el tema a nivel estatal y europeo, con un discurso de nuestros gobernantes “condescendiente e hipócrita, lleno de buenas palabras y vacío de medidas concretas que acaben con esta barbaridad en pleno siglo XXI”.
"Inadmisible"
La APDHA lamenta que la prioridad más bien es de índole económica, geopolítica y de cuestiones de imagen, y califican como “inadmisible” que se siga poniendo la excusa de los límites administrativos o las competencias entre Marruecos y España para no abordar la sistemática vulneración de los derechos humanos. Muy al contrario, argumentan, en el control migratorio, “ambas administraciones muestran una gran complicidad en la que estos límites no existen”.
La asociación pone el foco en el desinterés de las administraciones por los derechos humanos, y en concreto, por los derechos de las mujeres “que no son ni garantizados ni visibilizados por parte de quienes nos gobiernan, porque dependen del color de la piel, del estatus económico y de la procedencia”.
Es por ello que la organización pide que se pongan en práctica las medidas propuestas en su decálogo, entre las que se encuentran la consideración de la relación laboral entre comerciantes y personas porteadoras, y la reivindicación de las propias mujeres, que exigen el derecho a ejercer su trabajo con dignidad.
