La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha lamentado la muerte de un hombre de 69 años que en la mañana de este martes
perdió la vida por un infarto en el lado marroquí de la frontera, mientras esperaba el acceso a la ciudad autónoma para portar fardos de mercancías. Con esta son ya ocho las personas que han fallecido desde que se abriera el nuevo paso
fronterizo del
Tarajal II hace dos años.
“La tragedia se ha producido en martes, que junto a los jueves son los días establecidos para los hombres, desde que el acceso se diferenciase por género y se limitase por tickets a partir de la apertura del paso fronterizo de El Tarajal II”, ha explicado la oenegé haciéndose eco de una noticia adelantada por El Faro.
La asociación reclama el reconocimiento del porteo como actividad laboral y una gestión de la frontera respetuosa con los derechos humanos, como claves para evitar estar muertes. “Si los Gobiernos de ambos Estados apostasen por poner en el centro de los diálogos bilaterales el respeto de los derechos humanos y no sólo los intereses económicos y comerciales, este tipo de tragedias podrían evitarse”, sentencian desde la organización.
“La mejora de las condiciones en las que se ejerce este trabajo es asumible y depende de la voluntad política”, dicen. Este es uno de los ejes de la campaña que la asociación inició en 2016. Para APDHA, es fundamental el papel que juegan las Administraciones en la gestión de la frontera. Un ejemplo de ello es la arbitrariedad con la que continuamente se abre y se cierra el tránsito de mercancías o la posibilidad de confiscar el bulto, que se traduce en incertidumbre por desconocer si ese día podrán trabajar y obtener el salario que les garantice la supervivencia.
Mejoras ante la falta de derechos
Desde la organización critican que se siga ignorando la precarización y la falta de derechos de las personas que portan mercancías. “Si se quisiesen poner las medidas necesarias para el reconocimiento de la actividad y de relación laboral existente entre la persona porteadora y el empresario que alquila la nave en el polígono, un hombre como el que ha fallecido debería estar jubilado, tendría todas las obligaciones y derechos derivados de esta relación”.
“Es otro ejemplo más de las gravísimas vulneraciones de derechos que padecen estas personas y de las que tanto Ceuta como Marruecos obtienen sustanciosos beneficios económicos, más de 400 millones de euros anuales”, explica la APDHA.
Desde la asociación insisten en que aunque ya pusieron en conocimiento de todos los partidos políticos esta realidad, “tanto el PP como el PSOE siguen viviendo de espaldas e intentando invisibilizar de cara al resto de Europa una realidad que se ceba con la población de una de las fronteras más injustas y desiguales del mundo”.