Álvaro García Ortiz: "La Fiscalía debe ser la valedora de los derechos y proteger a los vulnerables"

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz (Salamanca, 1967), participará mañana en la segunda sesión de las XII Jornadas Jurídicas de Ceuta, que desde hoy reunirán en la ciudad autónoma a destacadas figuras nacionales del ámbito judicial. Pronunciará una ponencia titulada 'Una visión de futuro del Ministerio Fiscal' junto a la fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago. Por escrito ha reflexionado con este periódico sobre los retos a los que se enfrenta.

Prometió su cargo a primeros de agosto de 2022. ¿Cuál es su balance de estos casi nueve meses?

Hacer balance es todavía apresurado. Me siento satisfecho del trabajo y el esfuerzo realizado hasta ahora, de la respuesta positiva de las y los fiscales a las iniciativas propuestas y, sobre todo, profundamente orgulloso de pertenecer a la carrera fiscal.

Viene usted a Ceuta precisamente a dar ‘Una visión de futuro para el Ministerio Fiscal’. ¿Cómo será?

El futuro, dentro del proceso penal, es liderar el cambio hacia un nuevo modelo. En el resto de los cometidos de la Fiscalía, convertirnos es auténticos valedores de los derechos fundamentales de las personas, especialmente en la protección de las más vulnerables.

En febrero se conocía el informe del gabinete técnico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que avala dejar en manos los fiscales la instrucción de las causas reformando la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un asunto objeto de debate desde hace décadas. ¿Usted apoya dar ese paso?

Es una reforma ineludible, no solo porque lo diga el CGPJ, sino porque somos una excepción dentro del espacio de Justicia europeo. Naturalmente que habría que cambiar muchas cosas. El modelo actual no responde a las necesidades de la sociedad ni a las nuevas formas de delincuencia. Pero aunque haya que cambiar muchas cosas, eso no debe ser un obstáculo para llevarlo a cabo. Desde luego estamos preparados para hacerlo y lo hemos demostrado, por ejemplo en menores.

¿Cree que contribuiría de alguna forma a paliar la permanente controversia sobre la “politización” de la Justicia o que, al contrario, la acrecentaría teniendo en cuenta la tormenta que rodeó a su antecesora en su actual cargo?

Lo importante es que sea un servicio público de calidad y que exista confianza en la Fiscalía, en su trabajo diario, en el de todas y todos los fiscales de España en todos los lugares y los territorios, aquí, en Ceuta, y en cualquier rincón del Estado. El resto es solo ruido.

Usted ha dejado claro este mismo mes que la Fiscalía “no depende del Gobierno, sino del fiscal general del Estado”. En Ceuta hemos conocido casos recientes en los que el Ministerio Público ha ejercicio la acusación sobre políticos del PSOE (la exdelegada del Gobierno), del PP (la actual vicepresidenta del Ejecutivo regional) o la oposición. ¿Cuál es el grado real de independencia de la Fiscalía General del Estado respecto del Gobierno central y de cada Fiscalía de Área respecto de la estructura principal jerárquica?

La autonomía de la institución y la independencia del Fiscal General del Estado respecto al Ejecutivo viene definida en la Constitución y en el Estatuto Fiscal. Una vez designado, el Fiscal General no está sujeto a mandato imperativo alguno, ni del Gobierno que lo nombró. En cuanto a la jerarquía interna, es imprescindible por la necesidad de coordinación determinada por el principio de unidad, para garantizar que todas y todos los ciudadanos ejerzan sus derechos de igual manera en todo el territorio del Estado.

A toro pasado, el conflicto alrededor de la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’ cree que fue… ¿Un problema generado por una redacción deficiente de la norma? ¿disfunciones en la interpretación de la misma por los órganos competentes?… ¿Con el cambio de la ley cree que el asunto está definitivamente encauzado?

La ley contiene elementos muy positivos y es una ley integral que ampara a las víctimas. La parte de la norma referida a la modificación del Código Penal está en proceso de reforma por el propio legislador y no me cabe duda de que esa reforma es fruto de una profunda reflexión por parte de quienes finalmente han apoyado la necesidad de cambiarla. En todo caso, como venimos haciendo desde que la ley entró en vigor, la Fiscalía seguirá trabajando para evitar espacios de impunidad y dar mayor protección a las víctimas. Prueba de ello son los más de 100 recursos que hemos presentado ante el Supremo contra revisión de sentencias firmes.

"Lo importante es que sea un servicio público de calidad y que exista confianza en la Fiscalía. El resto, ruido"

¿Cree que la crítica mediática y social que a menudo se realiza sobre el funcionamiento o la independencia de la Justicia en general y la Fiscalía en particular parte de un conocimiento crítico de la misma?

Creo que el conocimiento de la organización y funcionamiento de nuestra estructura democrática, de nuestros derechos fundamentales, de la forma de ejercerlos y de las garantías que ofrece nuestro Estado de Derecho son fundamentales en el desarrollo y conocimiento de las instituciones que tenemos como mandato legal la defensa de los valores constitucionales. Así, con el conocimiento de lo que somos y de cómo trabajamos, superaríamos muchos de los prejuicios que se alimentan contra nuestra función. Prejuicios que no dejan de ir contra la institución misma.

Con su larga experiencia en asuntos relacionados con el medio ambiente y teniendo en cuenta la gravedad del asunto como desafío global… ¿Cree que la Fiscalía debería ser más dura en sus posiciones sobre ese tipo de delitos, incluso sobre su negación, o ya se hace todo lo que permite la legislación al respecto?

La Fiscalía será todo lo dura que el legislador establezca, nosotros somos aplicadores de la norma. Pero, para ser eficaces, necesitamos mejorar nuestras capacidades en todos los sentidos y, desde luego, en lo que usted planteaba al inicio de la entrevista: el cambio de modelo penal.

En ocasiones conocemos pactos de la Fiscalía con la defensa que conducen a conformidades difíciles de entender desde fuera. Causas que comienzan con peticiones de 9 años de prisión y terminan en acuerdos por uno, como la última acontecida en la ciudad. ¿Cómo se pueden explicar a la ciudadanía?

Toda conformidad, que no olvidemos está sujeta a un control de legalidad por el tribunal que la acepta, puede y debe ser explicada. En ocasiones no es sencillo, pero no debemos dejarnos llevar por la apariencia de las cosas y debemos buscar una explicación lógica porque siempre la hay. Desde la calidad de la prueba, la voluntad de la víctima, el transcurso del tiempo, la restitución inmediata de lo alterado por el delito…

En fin, muchos y muy diferentes factores y motivos. La casuística es interminable, pero debemos hacer un esfuerzo didáctico para, de nuevo, acabar con los estereotipos.