Los usuarios del Puerto Deportivo de Ceuta alertan del peligro que supone tener el
‘cementerio de narcolanchas’ que actualmente existe en las dependencias del Servicio Marítimo de la
Guardia Civil en el puerto. Era El Faro quien en la edición de este domingo se hacía eco, una vez más, de la acumulación de embarcaciones intervenidas durante este verano, a causa de la lucha que mantiene el Instituto Armado contra las mafias que trafican con personas o bien con
droga y el bloqueo judicial existente.
Sin embargo, miembros de clubes, federación y asociaciones relacionadas con el puerto deportivo comparten la misma preocupación por la cantidad de embarcaciones que está llegando a acumular la Guardia Civil en este mismo punto que, además, está junto a una gasolinera, con el peligro que ello implica.
Recuerdan que hubo tiempos en el que los delincuentes intentaban quemar estas embarcaciones, por lo tanto, el miedo a que algo ocurra se contagia entre todos.
Pero además de los peligros de un posible incendio, tal y como están depositadas las embarcaciones, ya resulta un peligro para la entrada de las embarcaciones al puerto. Gerardo Valero, de la Asociación Náutica de Ceuta, explica que algunas de estas embarcaciones “son un obstáculos que hay en el canal de navegación del puerto” y que por las noches, cuando no hay iluminación, resulta un riego entrar en un puerto deportivo que reconoce que “está obsoleto”.
Además, con miras a posibles repercusiones ecológicas, el hecho de que una embarcación salga ardiendo, con su combustible y tan pegadas como están las unas con la otras, “se trata de una bomba de relojería junto a una gasolinera”, precisa Valero, quien tiene conocimiento que los barcos de gran eslora que han querido repostar en esta estación, no han podido hacerlo ya que no pueden aproximarse lo suficiente debido a la cercanía de estas lanchas intervenidas.
Aunque se trate de una situación crítica, Valero recuerda que la Autoridad Portuaria tiene las herramientas legales para poder disolver este punto conflictivo, ya sea llevando estas embarcaciones a un depositario judicial o a otro punto del puerto, como pueden ser los muelles de Poniente o Levante, pero no dejarlos allí, a plena vista de todo el que entra al puerto. “También es una mala imagen para la ciudad”, detalla.
Las herramientas legales a las que Valero hace referencia no es más que aplicar la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, concretamente a su artículo 304, referente al hundimiento de barcos, que en su apartado 4 dice: “Cuando con ocasión de un procedimiento judicial o administrativo se hubiere acordado la retención, conservación o depósito de un buque en la zona de servicio de un puerto, la Autoridad Portuaria correspondiente podrá instar de la Autoridad judicial el hundimiento del buque o su enajenación en pública subasta, cuando la estancia del buque en el puerto produjera un peligro real o potencial a las personas o a los bienes o causare grave quebranto a la explotación del puerto”.
Además, en este mismo artículo, pero en su apartado 5, reza que “en todos los supuestos de embargo o retención judicial o administrativa de buques, como medida para garantizar la actividad portuaria, la Autoridad Portuaria determinará o modificará la ubicación del buque en el puerto, dando cuenta de ello, en todo caso, a la Autoridad que decrete el embargo o retención”. Es en este punto donde Valero cree que la Autoridad Portuaria cuenta con la potestad suficiente para reubicar estas embarcaciones intervenidas a un lugar seguro mientras culmina el proceso judicial.
Recuerda que todos estos barcos tienen un número de expediente judicial, sólo habría que notificar a la Guardia Civil, y ésta al Juzgado, dónde se ha reubicado la embarcación, ya sea en alguna dependencia portuaria o bien en un depositario judicial. Aunque se cuente con esta herramienta legal vigente, Valero lamenta que es un problema que incumbe a todas las Administraciones, inclusive a la Ciudad, pero frente a esta situación, “todas miran hacia otro lado”.