Asisto perplejo, como muchos otros ciudadanos, al intento de linchamiento público del Juez Garzón por parte de algunos sectores del Partido Socialista, aliados estratégicamente con la derecha más retrógrada de nuestro país. Previamente a esto, también se habían reabierto, entiendo que de forma innecesaria e inoportuna, viejas heridas derivadas de la Guerra Civil del 36. Y a su vez se puede contemplar la lucha cainita entre los dos principales partidos políticos españoles, a propósito de la trama Gürtel.
En el ámbito más doméstico, aún no doy crédito a lo que leí el pasado miércoles, 21 de abril, en la prensa local, en la que se publicaba una especie de panfleto, más bien libelo, de la 'Administración sanitaria de INGESA en Ceuta' en el que se venía a afirmar que 'todos' los profesionales de la sanidad ceutí, menos ellos, estaban equivocados. Y además lo hacían con una ligereza y falta de profesionalidad, rayana en la bajeza moral, pues para criticar la legítima acción reivindicativa de la mayoría de los sindicatos presentes en el sector, no se les ocurrió otra cosa que dar publicidad a la condena penal que en su día se produjo contra la ex directora territorial de dicho organismo, la doctora Malika Abdeselam.
Lo del Juez Garzón es un capítulo de nuestra historia democrática con muchas luces y sombras. Efectivamente, ha sido un Juez valiente, aunque con un afán de protagonismo fuera de lo común. Muchas de sus actuaciones han rozado el límite de lo jurídicamente correcto. Pero han sido efectivas. Y tremendamente útiles para el Estado democrático. Sobre todo cuando han servido para desarticular comandos terroristas y clanes mafiosos. Sin embargo, también han supuesto enormes quebraderos de cabeza para algunos gobernantes. Y si no que se lo pregunten a Felipe González, o incluso al ex ministro Belloch, y a sus magníficas Secretarias de Estado Margarita Robles y María Teresa Fernández de la Vega, actualmente en el Tribunal Supremo una, y de Vicepresidente Primera del Gobierno la otra. También a Luciano Varela, que le redactó al 'superministro' de justicia e interior Belloch el proyecto de Ley del Jurado.
Todavía recuerdo aquello del 'señor x' de Garzón, a propósito de los papeles de los GAL. Y también los 'millones' que se llevaron algunos Secretarios de Estado, Ministros, o Directores Generales 'socialistas'. El último en salir de la cárcel, hace muy poco, ha sido Roldán, el primer civil que dirigió a la Guardia Civil y que nos hizo creer a todos que tenía tres o cuatro carreras universitarias. Sin embargo, se dedicó a llevarse el dinero a 'espuertas'. Pero para desternillarse de risa fue la cara que puso la "perfecta" Margarita Robles cuando Garzón le desmontó aquél cuento de los papeles de Laos, es decir, de la fuga de Roldán a un país exótico. Estaba simplemente en Suiza, supongo que escondiendo el dinero robado a todos los españoles. Pues bien, según piensan algunos amigos míos muy bien informados, todos estos fantasmas del pasado son los que le están saliendo ahora a Garzón, contando con un aliado instrumental, como es la extinta Falange, para intentar inhabilitarlo, incluso violentando doctrinas procesales contrarias a las defendidas por alguno de sus protagonistas.
Cierto es, como dice Fernando Savater en un magnífico artículo en el Diario El País del pasado jueves, 22 de abril, que es posible que Garzón se equivocara con lo de abrir las fosas de la guerra civil (también sus impulsores), pero de ahí a prevaricar hay mucho trecho. Lo que sería trágico es que un grupo de franquistas trasnochados, aliados tácticamente con varias tramas corruptas de saqueo de los fondos públicos (casos Gürtel y GAL), acabaran con la carrera de un Juez como Garzón, que a pesar de sus muchos errores, ha prestado impagables servicios a la causa de los Derechos Humanos.
Y respecto al estado de la sanidad local y al intento de desviar la atención de la ciudadanía por parte de los actuales gestores, sólo recordar varias cosas. La primera. Que la concentración del próximo día cinco ante la Delegación del Gobierno para protestar por el mal estado de la sanidad ceutí la promueven los sindicatos mayoritarios del sector. La segunda, que la doctora Malika Abdeselam es una representante sindical, nombrada legalmente, que tiene derecho a ejercer libremente su acción sindical. Pero además, es una ciudadana, que posiblemente se equivocó por algo que hizo mal aconsejada, pero que ya está pagando por ello en el ámbito privado. Ir más allá de esto y dar publicidad a una condena penal, con un evidente interés de desprestigio personal, entiendo que vulnera su derecho al honor y traspasa los límites del respeto a la legalidad, a la que está obligada la Administración.
Sólo por esta razón, además de por la patente falta de capacidad para gestionar la sanidad ceutí, debería ser cesado el doctor Lopera de manera fulminante. Pero para ello sería necesario que el señor Delegado del Gobierno estuviera más preocupado por los problemas de los ceutíes, y no sólo por los votos que de ellos pueda obtener.
