El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para modificar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería con el objetivo de permitir que los rechazos en frontera, conocidos como "devoluciones en caliente", puedan aplicarse también a las entradas irregulares por vía marítima en Ceuta y Melilla.
Según ha publicado Europa Press, la iniciativa ha sido presentada este lunes por la diputada nacional del PP por Melilla, Sofía Acedo, quien ha explicado que la propuesta responde a la reciente interpretación realizada por el Tribunal Supremo, que limita actualmente esta figura a los casos en los que el acceso irregular se produce superando elementos físicos de contención, como la valla fronteriza.
El PP plantea modificar la Ley de Extranjería
Durante una rueda de prensa, Acedo ha señalado que la propuesta nace desde Melilla con el propósito de adaptar la legislación a la realidad migratoria actual.
La diputada ha sostenido que la interpretación realizada por el Alto Tribunal "supone un problema evidente", ya que, según ha explicado, las formas de acceso irregular a Ceuta y Melilla han cambiado desde la reforma legal aprobada en 2015.
En este sentido, ha recordado que "actualmente las entradas irregulares a Ceuta y a Melilla no se producen únicamente saltando la valla", sino que una parte importante de los intentos de acceso se realiza por vía marítima, bordeando los espigones o alcanzando la costa a nado.
Por ello, el PP considera necesario adaptar la norma para que el rechazo en frontera no quede limitado únicamente a quienes superan infraestructuras físicas de contención.
La propuesta no crea nuevas figuras jurídicas, según el PP
Sofía Acedo ha insistido en que la iniciativa no pretende incorporar nuevos mecanismos legales, sino modificar la redacción vigente para resolver la limitación señalada por el Tribunal Supremo.
Según ha afirmado, "lo único que hacemos a través de esta Proposición de Ley es corregir una limitación legal que ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo y que nos corresponde al legislador solucionar".
La diputada ha explicado que el texto mantiene expresamente el respeto a los derechos humanos, al Derecho de la Unión Europea, al principio de no devolución y al derecho de acceso a la protección internacional, por lo que considera que la reforma no reduce las garantías jurídicas existentes.
Dos alternativas tras la interpretación del Supremo
Acedo ha defendido que, tras la resolución del Tribunal Supremo, existen dos posibles opciones para abordar esta situación.
Por un lado, ha señalado la posibilidad de instalar nuevos elementos físicos de contención en el mar. Sin embargo, el PP descarta esta alternativa.
"Podríamos optar por poner elementos de contención en el mar, lo que puede ser muy dramático y además muy complejo, o llevar a cabo la modificación legal para que no se circunscriba ese rechazo en frontera a la superación de elementos de contención. Hemos optado por esa segunda vía", ha explicado.
De acuerdo con la proposición registrada, el rechazo en frontera podría aplicarse cuando una persona sea detectada o interceptada intentando acceder de forma irregular y flagrante a España a través de la frontera terrestre o marítima de Ceuta o Melilla.
El PP pide el respaldo del Gobierno
La diputada popular ha concluido reclamando al Gobierno central que apoye esta modificación legislativa al considerar que coincide con el criterio que, según ha señalado, ha defendido la Abogacía del Estado durante este procedimiento.
En este sentido, ha sostenido que el mar constituye igualmente una frontera y que la actuación que desarrolla la Guardia Civil en ese espacio puede entenderse como un elemento de contención a efectos de la aplicación del rechazo en frontera.
Con esta iniciativa, el Partido Popular pretende adaptar la normativa vigente a la evolución de las rutas de acceso irregular a Ceuta y Melilla, de forma que las devoluciones en frontera puedan aplicarse tanto en los intentos de entrada por tierra como por mar, siempre dentro del marco legal que, según la formación, garantizan tanto la legislación española como la europea.
