El presidente de la Ciudad,
Juan Vivas, y su consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, se han comprometido este miércoles en la
Mesa de Diálogo Social con los agentes económicos y sociales de Ceuta a elevar una propuesta
al Pleno para, tal y como han demandado las organizaciones empresariales y sindicales,
rebajar el IPSI de todos los
alimentos de primera necesidad al 0,5% y reducir el del calzado y el textil al 5% y el 7%, respectivamente. Se trata de lo máximo que puede hacer la administración local mientras el Gobierno central, que ha dejado sin IVA hasta julio algunos productos alimenticios para contener la inflación, no modifique la Ley Reguladora del IPSI y rebaje su tipo mínimo del 0,5% al 0%, algo en lo que insistirá
el Ejecutivo ceutí al de Pedro Sánchez.
Vivas y Chandiramani también han coincidido con los representantes de la patronal (Confederación de Empresarios y
Cámara de Comercio) y los sindicatos (
UGT y CCOO), según han reflejado todas las partes en un comunicado conjunto, en la necesidad de que el Gobierno central derogue el articulado del Real Decreto-ley 1/2023 que prevé sustituir a partir del 1 de septiembre el descuento del 50% vigente en las bonificaciones en las cuotas empresariales a la
Seguridad Social por un importe fijo de 262 euros al mes limitado a trabajadores con una relación laboral indefinida y condicionado al seguimiento de acciones formativas de 20 horas al año. Se trata, a juicio de todas las partes, de “un asunto de vital importancia para Ceuta y parte fundamental del Régimen Económico y Fiscal Especial” que se quiere abordar “desde la más absoluta lealtad institucional y con intención positiva y constructiva”.
Al mismo tiempo, se solicitará “el inicio de los trabajos para mejorar el actual régimen de bonificaciones de acuerdo con la previsión contenida en el
Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de octubre de 2022”, en algunas de cuyas versiones ya se preveía literalmente la medida implementada que ahora se pretende corregir. Al margen de lo acordado, la consejera de Hacienda ha informado a los miembros de la Mesa de los trabajos que se vienen llevando a cabo para formular una propuesta, que será elevada al organismos correspondientes, “sobre la actualización de la normativa aduanera aplicable en Ceuta”.
Más apoyo a los autónomos
En cuanto a los datos sobre afiliaciones, frente a la positiva evolución que en Ceuta están experimentando las cotizaciones al Régimen General de la
Seguridad Social, la Mesa “ha constatado con preocupación el notable descenso de afiliados en el Régimen de Autónomos [desde julio de 2021 se han perdido 150 hasta quedar en 3.240], lo que invita a la adopción de medidas para incentivar y estimular el emprendimiento en nuestra ciudad”. Los agentes económicos y sociales han planteado que consideran entrar en contacto con el
Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) para “agilizar los trámites y procedimientos relacionados con la formación para el empleo y el reconocimiento de competencias profesionales de los trabajadores, habida cuenta de que dichos trámites eran más ágiles cuando tales atribuciones eran gestionadas por el SEPE”.
Por otra parte, Vivas ha dado cuenta a la Mesa de su reciente
entrevista con el ministro de Asuntos exteriores, José Manuel Albares, sobre la implementación de la aduana comercial en la
frontera del Tarajal. Patronal y sindicatos han coincidido en que la implantación de dicha aduana es “un asunto muy importante para Ceuta por la generación de nuevos yacimientos de actividad económica y de creación de empleo, suponiendo al mismo tiempo la normalización del funcionamiento de la frontera en el ámbito del tránsito de mercancías que todos deseamos”. Dada la importancia del tema, la Mesa de Diálogo Social ha expresado su “respaldo” a cuantas actuaciones lleve a cabo el Gobierno de la Nación para cumplir con el mencionado objetivo y para que dicha aduana “funcione de acuerdo con los estándares internacionales, sin otras restricciones que las derivadas de las capacidades logísticas disponibles en cada momento, a lo que se une la disposición de los operadores aduaneros de la ciudad para aportar ideas y solventar los escollos que puedan suscitarse durante su proceso de implantación, ordenado y gradual”.