La consejera de Economía, Hacienda y Recursos Humanos del Gobierno local, Kissy Chandiramani, ha asegurado este martes en el Pleno en respuesta a una interpelación de Ceuta Ya! que la administración está “ocupada” y “preocupada” por el contexto inflacionista, un fenómeno global “que afecta sobre todo a las personas que menos tienen”, según ha reconocido sobre las repercusiones de la subida de precios.
Chandiramani prevé llevar a Pleno en febrero una rebaja del IPSI que grava algunos alimentos del 3%, en el que se encuentra actualmente, como mínimo al 0,5%, que porcentaje más reducido que se puede establecer de imposición indirecta en Ceuta. Ese 3% es el que grava ahora la carne, el pescado, la leche, algunas frutas, los cereales, azúcares, la pasta...
Además, la consejera solicitado al Gobierno central que impulse una rebaja legislativa que rebaje el tipo mínimo del IPSI del 0,5% al 0%, como se ha acordado dejar el IVA de mercancías fundamentales para cualquier familia (fruta, verduras, arroz, pan, legumbres, huevos...).
“Hemos intentado ayudar a quienes más lo necesitan con medidas como el incremento en un 15% de las partidas de alojamiento alternativo y en un 45% el Ingreso Mínimo de Inserción Social”, ha recordado la miembro del Ejecutivo local después de que el localista Mohamed Mustafa le haya reprochado que todavía no se haya implementado su propuesta para financiar el transporte de los productos de la cesta básica de la compra a los establecimientos que se comprometan a no subir precios durante un año.
La implementación de dicha medida, al menos en parte, está pendiente de que la Administración General del Estado active el mecanismo que lleva barajando durante años con el objetivo de abaratar el transporte de mercancías a las ciudades autónomas, todavía pendiente de la aprobación de su desarrollo legislativo.
Brigadas Verdes
Por otro lado, la consejera ha precisado que la decisión sobre el futuro de las Brigadas Verdes en lo tocante a su trasvase a Tragsa desde la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) fue adoptada por la Asamblea el verano pasado para hacer “más eficaz” su desempeño, aunque posteriormente el 60% de la plantilla desestimó esa opción.
La miembro del Ejecutivo local ha recordado que la subvención que percibirá la FPAV este ejercicio cae de 3,5 a 3 millones para compensar la pérdida de personal por jubilaciones acumulada durante los últimos años.
Chandiramani ha confirmado también que existe un informe jurídico que considera inviable la incorporación de los trabajadores a Obimace u otra sociedad pública, como reclama parte de la plantilla.
