La apertura de la nueva prisión de Fuerte Mendizábal ha conllevado la generación de críticas por la falta de medios humanos con la que se ha puesto en marcha. Medios relacionados con la seguridad vinculada a una cárcel de este nivel. Lo denunciaba esta misma semana la Asociación de Funcionarios de Prisiones y, ahora, lo hace también la Asociación Española de la Guardia Civil, AEGC.
Considera que, al menos, deben destinarse 70 componentes del Instituto Armado para garantizar la seguridad de un centro cuya implantación se llevó a cabo para garantizar el internamiento de un número determinado de presos. La petición de AEGC no es disparatada: hasta Archidona han ido destinados 80 guardias civiles, entre ellos dos que tenían destino en Ceuta y que han dejado de formar parte de su plantilla esta misma semana.
Ambas penitenciarías son del mismo nivel pero en materia de seguridad funcionan con distintos mimbres. “Es necesario dotar este servicio de más agentes”, reclama la Asociación, que también insta a Instituciones Penitenciarias a ser clara con el papel que quiere otorgarle a la de Mendizábal. ¿Va a estar operativa de acuerdo con la millonaria inversión llevada a cabo? o, al contrario, ¿va a estar infrautilizada y por tanto se habría malgastado un dinero sin sentido?
Desde la propia Comandancia de la Guardia Civil se lleva tiempo reclamando más personal para Ceuta. Principalmente para la frontera, pero también para servicios como el de la vigilancia de la nueva prisión. Hoy por hoy, sin anuncios de más incorporaciones y con la pérdida de agentes por jubilaciones, no se puede garantizar el cumplimiento del nivel de control que requiere una infraestructura de este tamaño.
La petición de AEGC se extrapola a la que viene haciendo desde hace tiempo, sin hartazgo, para los distintos frentes abiertos en áreas como la frontera. Los servicios encomendados por la Delegación del Gobierno a la Benemérita no se pueden mantener por más tiempo con el número actual. Más si cabe cuando la administración central ordena los decomisos de mercancía que tiene como destino Marruecos, lo que termina generando conflictos graves con los ciudadanos.
“Lo llevamos pidiendo tiempo, no tenemos noticias de nada nuevo. No es solo la nueva cárcel, sino también todo el vacío que tenemos en zonas estratégicas y de presión como es la frontera”, sentencia la asociación en declaraciones a este periódico.
La particular política de silencio que mantiene Instituciones Penitenciarias hace inviable conocer en más profundidad el trabajo, gestión y necesidades de la nueva prisión. El pasado enero, en una respuesta parlamentaria del Gobierno en el Congreso, se indicó que la RPT es de 208 funcionarios y 41 de personal laboral.
La APFP ponía de manifiesto esta misma semana que se dan casos de ecuaciones imposibles, como que uno o dos funcionarios tienen que hacerse cargo de cien presos.
Además todos los centros penitenciarios de España menos el de Ceuta tienen la clasificación como 1.1., mientras el de Fuerte Mendizábal sigue anclado en la misma categoría que la vieja de Los Rosales, sin disponer del número necesario de funcionarios para hacer frente a las situaciones que se generan.
Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno el mes pasado, la entrada en funcionamiento de la prisión de Fuerte Mendizábal trajo consigo el incremento de funcionarios y el de presos. En la actualidad hay 260 internos, cuando al cierre de la vieja cárcel de Los Rosales había 200.
La Administración replica las críticas destacando que de los 140 trabajadores que había antes se ha pasado a los 210 en la actualidad. “Son 70 funcionarios más en los tres meses que lleva en funcionamiento”, expusieron desde la Administración General, negando que la de Mendizábal haya traído un incremento de delincuencia.
Su construcción absorbió la práctica totalidad de las partidas presupuestarias destinadas por el Estado. Se difundió que acogería a gran cantidad de reclusos como cárcel con mayor nivel de seguridad del que tenía la de Los Rosales.
La protesta hecha público por AEGC se centra en la nueva cárcel pero se viene a sumar a otras que ha venido haciendo en los últimos años. Pone la alerta sobre todo en la frontera, en donde la necesidad de agentes se pone de manifiesto día tras día y ha llegado a ser crítica con motivo de la marcha de casi todos los efectivos de GRS a Cataluña.
El problema de efectivos no solo lo sufre la propia Guardia Civil, también es algo que afecta de forma sangrante a la Policía Nacional. Interior se comprometió a destinar más agentes a las dos ciudades hermanas sin éxito. De hecho en el último encuentro mantenido entre el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y el del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy, este ha sido uno de los asuntos de debate.
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