El Gobierno de Ceuta tiene toda la “voluntad política” de romper los contratos que unen a la Ciudad Autónoma con Hércules, la empresa que lleva meses protagonizando titulares por deber dinero a sus trabajadores aquí y en otras regiones de España en las que presta servicios a distintas administraciones.
El conflicto laboral estuvo ayer a punto de convertirse en tragedia por la respuesta desesperada de una de las empleadas que está sufriendo la tortura de no cobrar en tiempo y forma sus retribuciones.
No solo eso. Además de no estar al día en sus cobros, la limpiadora recibió esta misma semana un escrito de sus patronos advirtiéndole con tomar represalias si volvía a participar en otra concentración como las impulsadas por CCOO para denunciar públicamente el comportamiento de la sociedad.
Agobiada por una situación personal delicada, con su sueldo como único ingreso (que no llega) en casa y una hija menor de edad, apretada por deudas pendientes, la mujer tomó una salida de presión poniendo en juego su propia vida.
La administración local no es la única que se ve “atada de pies y manos” para romper con Hércules, pues la estatal también le ha adjudicado contratos en Ceuta.
Ahora resulta que las instituciones no pueden ni pagar directamente sus nóminas a los trabajadores ni imputar un incumplimiento de contrato a la empresa.
La administración no puede verse maniatada por sus propias normas, por mucho que ser tan garantistas pueda ser contemplado como una virtud para evitar comportamientos irregulares o injustificados por parte de sus gestores.
Las prestatarias de servicios públicos tienen que poder presumir de un historial inmaculado también ante sus plantillas para poder concurrir a nuevos concursos, o al menos premiar mucho más a las que sí lo atesoren.
