Las adjudicaciones de obras que llevan a cabo las administraciones vienen marcadas por una falta absoluta de control. El control debido para que, una vez terminados los trabajos, dejen, por ejemplo, el pavimento como estaba. No ocurre, las empresas se marchan del lugar y los daños provocados tanto en el asfalto como en inmuebles cercanos se quedan ahí. Casos tenemos un montón: socavones denunciados, carreteras que quedan completamente destrozadas por el continuo transitar de camiones, daños que aparecen, con el tiempo, en estructuras de edificios... La obra se da por terminada con su construcción, pero no se persigue los daños colaterales que la misma ha causado.
Se supone, porque así nos lo advierten, que existen una serie de penalizaciones, que las adjudicatarias están obligadas a dejar el lugar como lo encontraron, pero lo cierto es que la realidad nos escupe una visión bien distinta.
Las administraciones deben echar mano de los sistemas necesarios para ejercer ese control, que pueda traducirse en sanciones. De igual manera que vende esa acción contra las obras ilegales o ese presunto control de las modificaciones y alteraciones sin permiso de las viviendas de promoción pública, debe garantizar que las adjudicatarias cumplen hasta el último punto del contrato.
No escribo esto porque sí, si no porque ya son muchos los vecinos de distintas barriadas que me han trasladado su pesar por los destrozos ocasionados por constructoras, a las que se les encargó una obra, y luego se marcharon arrastrando media barriada. Nunca más se les vio el pelo, pero cada día los residentes de las zonas afectadas ven sus aceras destrozadas o la carretera llena de agujeros producidos por el paso continuado de los camiones.
