El abogado que representa como acusación particular a una quincena de integrantes de la 'lista fantasma', Manuel de Prado, ha defendido este martes
en su informe final sobre la
vista del '
caso Emvicesa' que a la luz de las pruebas documentales,
testificales y escuchas queda constatado que alrededor de Antonio López se creó un “sistema” que facilitó la adjudicación de
viviendas protegidas “sin expedientes y sin que sepamos si había algún tipo de procedimiento”. En suma, “un cachondeo”. “Lo que sabemos es que cuando
se publicó la 'lista fantasma' Emvicesa cerró y que aquellas personas siguen sin saber qué pasó con aquellas viviendas: 'Fiat iustitia, et pereat mundus”, ha apelado el letrado gallego a la máxima latina que reivindica justicia 'aunque el mundo perezca'. De Prado ha recordado que algunos pagadores en situaciones socioeconómicas extremas han asegurado haber abonado 12.000 euros y recuperado solo 2.000. “Hay personas que han tenido que irse de Ceuta o a casas de familiares y siguen esperando que la Ciudad convoque un procedimiento de adjudicación de VPO con todas las garantías de un Estado de Derecho como España”, ha añadido. “Lo cierto es que no ha seguido ninguna norma, sino los dictados de quienes han pagado o tenían amistades con políticos... Se ha actuado con absoluto desprecio de los informes de Servicios Sociales que a veces ni siquiera se reclamaban”, ha hilvanado tras apoyarse como testigo de cargo fundamental en la declaración de la secretaria de la Comisión Local.
Para la acusación particular “en Ceuta era 'vox pópuli' que había un cachondeo, un negocio piramidal organizado, y que solo pagando se podía acceder a una vivienda protegida” y la pregunta es si López y sus 'captadores' de clientes actuaban solos o tenían empleados públicos y políticos “en connivencia”. “En el careo con uno de los acusados quedó patente que todos los que pagaron a través del portuario supieron que el dinero llegaba a Antonio [López]”, ha valorado durante una exposición en la que ha hecho hincapié en que en Emvicesa no apareció “ni un solo expediente”. “Si las funciones de los empleados de la sociedad eran hacer las listas, que digan quién se las daba, cómo se pasaba de 4.000 demandantes a 317 adjudicatarios”, ha reclamado retóricamente. Paradójicamente a la luz de sus palabras previas, el abogado ha dicho “no entender” por qué se negó validez alguna a la 'lista fantasma' y sí, sin embargo, al sorteo posterior. “Buscaron a propósito burlar la Ordenanza para adjudicar las casas a quienes ellos querían, no a quienes debían”, ha resumido De Prado, que cree que durante la vista oral los acusados solo han intentado “pasarse la pelota” unos a otros. En su recapitulación ha dicho que lo que está claro es que las viviendas iban “a amiguetes o a quienes pagaban” y ha insistido en que cada uno de sus representados debería recibir 120.000 euros de indemnización y 12.000 más por “daños morales”.