La Consejería de Fomento ha llevado a cabo una importante labor en la lucha contra las edificaciones ilegales. En los últimos años la presión ejercida desde distintos frentes se ha materializado en un freno a un tipo de construcciones que gozaron de tiempos en los que el descontrol estaba a la orden del día. El Consejo de Gobierno ha podido conocer la labor que la consejera Susana Román y su equipo ha estado desarrollando para que haya claridad suficiente en torno a este tema. Se han analizado las viviendas ilegales susceptibles de ser legalizadas y las que deben ser demolidas porque mantenerlas por más tiempo supone persistir en la existencia de un delito. Hoy por hoy existen, cuando menos, ideas claras en torno a las zonas en las que cabe una legalización y en las que no, con vistas a ponerse manos a la obra en esa reordenación necesaria del territorio. La acción llevada a cabo en las barriadas, con notificaciones de demolición y mayor presión policial e incluso vecinal, ha provocado la oportuna reacción, que se materializa en el hecho de que la propia sociedad va concienciándose de la necesaria regulación de este tipo de actos. En ésas se está, en continuar por un camino regulado, formal y basado en la legalidad.
