Las puertas
de los Juzgados han sido testigo
de la concentración llevada a cabo este martes por parte de los miembros del
Colegio de Abogados de Ceuta con el objetivo de reclamar un acuerdo que reactive de forma inmediata el servicio público de justicia y medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos ya acumulados. Asimismo, también han demandado un Pacto de Estado tras las elecciones generales del 23 de julio, que permita crear un servicio efectivo y de calidad durante la próxima legislatura.
La encargada de dar lectura del manifiesto realizado para la ocasión ha sido la decana de la institución, Isabel Valriberas, que ha enumerado las demandas realizadas por parte del Colegio. Entre estas se encuentran la creación de mecanismos de coordinación regular entre las instituciones para asegurar la participación efectiva de los profesionales y la ciudadanía; la previsión de inversiones para las reformas estructurales en ámbito organizativo y de recursos humanos de la Administración de Justicia; o la racionalización de los métodos de trabajo de este organismo para dar mayor eficiencia, eficacia, flexibilidad y proximidad al ciudadano.
Reclamaciones del Colegio para una mejora de la situación
Asimismo, solicitan la “mejora situacional de la ejecución de las resoluciones judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales”; la implantación en todo el territorio del expediente judicial electrónico, con el fin de que todos los intervinientes en el proceso puedan interactuar; la revisión del marco legal del sistema de acceso a la justicia “para que la asistencia jurídica gratuita garantice a la ciudadanía que carece de
recursos económicos, un servicio de calidad”.
Por otra parte, también piden una buena conciliación de la vida personal y profesional o la regulación del Derecho de Defensa e Instrucción por el
Ministerio Fiscal. Además, insisten en el impulso de mecanismos adecuados de solución de conflictos para fomentar la cultura del acuerdo. Por último, el Colegio de Abogados demanda la “revisión del sistema legal de recursos, armonizando en lo posible los trámites y requisitos en todos los órdenes jurisdiccionales y generalizando la segunda instancia como garantía efectiva de los derechos y libertades de la ciudadanía”; y la modificación del marco normativo de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio “garantizando una compensación económica al profesional de la abogacía en todas las actuaciones realizadas por designación colegial a través del Turno de Oficio”.