Tras la entrada masiva en Ceuta a finales de julio, la Fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, se ha pronunciado de forma tajante sobre las propuestas de retornos exprés. Según la fiscal, la iniciativa de devolver de manera colectiva a estos jóvenes "no tiene sentido", recordando que España está sujeta a estrictos compromisos legales que impiden expulsiones directas sin evaluar primero cada caso.
Esto en alusión a lo manifestado por el Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo, de devolver a los menores inmigrantes llegados a Ceuta.
En este sentido, se hace hincapié en que el ordenamiento jurídico español prohíbe las devoluciones automáticas de menores de edad. Gisbert ha subrayado la ineludible obligación de "valorar" de forma previa y "a título personal" el "interés superior del menor". Esta evaluación de carácter individual busca garantizar la seguridad del niño y analizar sus condiciones particulares.
La fiscal ha descartado por completo la viabilidad de retornar "directamente" y de manera "instantánea, directa y exclusiva" a los menores que cruzaron la frontera el pasado 30 de julio sin proceder antes a "conocer sus circunstancias".
Ha destacado que cualquier medida de repatriación requiere una investigación exhaustiva del entorno familiar del joven en su país de origen para asegurar que no se le exponga a situaciones de vulnerabilidad o desamparo.
La atención y protección de los menores inmigrantes que acceden de forma irregular a España está estrictamente regulada por leyes nacionales y tratados internacionales. Gisbert recuerda que existe "una serie de requisitos" que constituyen "garantías legales" obligatorias. Estas normas se recogen en "el Convenio Europeo de Derechos Humanos", "la Convención sobre los Derechos del Niño", "la Ley de Extranjería" y "la Ley de Protección Jurídica del Menor".
Además, la fiscal recuerda que "la normativa está clarísima y es europea", haciendo hincapié en la entrada en vigor del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) el 12 de junio de 2026.
Bajo este marco legal, el protocolo exige realizar "entrevistas personales con intérpretes", evaluar detalladamente su "situación familiar y personal" y elaborar "informes de la situación familiar en origen" para constatar que el retorno no suponga "una situación de desprotección". Cumplir con este sistema de garantías "lleva su tiempo", pero Gisbert es clara: "lo que no se puede hacer es no cumplir con la legislación".
La distribución de los menores tutelados por el territorio nacional ha generado importantes fricciones políticas. La Fiscal de Sala ha señalado que, aunque algunas comunidades autónomas inicialmente "ponen pegas" para acoger a los jóvenes en sus centros, finalmente "ceden" cuando la Fiscalía interviene formalmente. Las regiones no pueden rechazar los traslados regulados por "los reales decretos de contingencia migratoria".
Gisbert ha lamentado las justificaciones autonómicas, como la falta de plazas libres, y ha acusado a ciertos gobiernos de "intentar entorpecer" el proceso de acogida legal. Asimismo, la fiscal ha detallado que solo le constan trabas en autonomías gobernadas por el PP y Vox, territorios en los que ha tenido que intervenir de manera "personalmente" para garantizar el cumplimiento de la ley.
La realidad humanitaria en Ceuta es sumamente compleja. Antes de la crisis migratoria de finales de julio, la ciudad autónoma ya sufría "una superpoblación". Para paliar esta saturación, la Fiscalía priorizó el traslado de 500 niñas a la península atendiendo a criterios de extrema vulnerabilidad.
La voluntad de los menores y sus familias también choca con las propuestas de devolución exprés. Los jóvenes entrevistados coinciden en que "no quieren volver a Marruecos" sino "ir a la península".
Paralelamente, la Fiscalía no ha recibido llamadas de ningún "padre" o "madre" reclamando que le "devuelvan" a su hijo. Por el contrario, "muchos progenitores" han contactado con las autoridades para confirmar que conocen el paradero de sus hijos y que les parece "estupendo" que sean acogidos por "los sistemas de protección de España".
La gestión de un brote de escabiosis en Ceuta ha desatado una serie de interrogantes…
Los cuerpos de Younes, Abdeselam, Nordinne, Abdelmomim, Ibrahim y Salma tienen al menos una reseña…
Dicen que a la tercera va la vencida. En Ceuta y, en concreto, en el…
El discurso de fondo de la crisis migratoria en Ceuta no puede interpretarse meramente desde…
Más de 100 personas muertas en el mar por una aglomeración en la frontera sur…
Hace cincuenta años, en las aulas del INEF de Madrid, José María Cagigal me enseñaba…
Ver comentarios
Compromisos legales son el secuestro? esta señora no ve a los niños llorar por querer irse con sus padres , la obligacion sobre la maxima protección no puede recaer en trabajadores de las , empresas de tratamientos de menores como si fueran meros almacenes de carne ,ONGs y demas centros de acogida , para que esten tirados en la calle mejor con sus familias. Retorno ya , la delincuencia infantil recaera sobre ella ???? Que pida conseja a Doña Antonia Palomo.
Otra traidora al servicio del tráfico de personas
Con las valoraciones y el buenismo de las leyes de este país, no se devolverá ni un solo menor a Marruecos.
Pues que se los lleve a su casa,negarse a devolverle a los niños a sus padres es un secuestro y un cargo innecesario para la ciudad, la fiscal lo que es es subnormal.
que no tiene sentido devolverlos? Y si tiene sentido que nos los quedemos?
Quién se aclara con esto, la unión europea dice que si y está señora dice que no.
Cuando el menor alcance la mayoría de edad solicitará el reagrupamiento familiar y por cada menor vendrán unos diez familiares.
De verdad, somos un país de pandereta. Textualmente dicen ustedes "Paralelamente, la Fiscalía no ha recibido llamadas de ningún "padre" o "madre" reclamando que le "devuelvan" a su hijo. Por el contrario, "muchos progenitores" han contactado con las autoridades para confirmar que conocen el paradero de sus hijos y que les parece "estupendo" que sean acogidos por "los sistemas de protección de España".
Cuando salgo por el centro por la noche sobre todo, que ya no sé si estoy en Castillejos o en Ceuta, me encuentro cientos por no decir mil chavales con móviles y zapatillas de deporte que yo les aseguro que no les puedo comprar a mis hijos, y ahora resulta que España se tiene que comer a estos jóvenes. Todos haciéndose fotos en la plaza de África, solo hay que darse una vuelta. Turismo pagado.
Estos jóvenes están mantenidos por sus padres, que tienen dinero en Marruecos. En vez de seguir los cauces normales para obtener un visado, que lo podrían obtener perfectamente, meten aquí a sus hijos para que vivan del cuento. Y nosotros gracias a nuestra porquería de legislación, tragamos y tragamos. ¿Dónde están viviendo todos estos jóvenes? Porque los veo consumiendo en las terrazas, entran en el parque marítimo, compran, van limpios gracias a Dios... y ya les digo, con mejor ropa de la que yo puedo permitirme.
¿Marcha verde? Cada vez coincido más con el chico Saharaui que sale en los medios, nos quieren aburrir a los ceutíes para que nos vayamos y les dejemos la ciudad en bandeja . Conmigo no lo van a conseguir.
Nada. Que nos lo comemos con patatas. País.
Con sus padres, familia y paisanos .Aquí no , para su país .