El Gobierno de Ceuta prevé citar esta semana a los representantes del Comité de Empresa de las Brigadas Verdes para sondear su disposición a cambiar de patrón y pasar de depender de la Federación Provincial de Vecinos de Ceuta (FPAV) a hacerlo de Tragsa, que reclama al menos 4,7 millones de euros al año por hacerse cargo de esos alrededor de 130 trabajadores, tal y como viene exigiendo el PSOE.
Su sostenimiento ha costado hasta ahora 3,5 millones de euros a la administración local, pero a la vista por los reparos puestos a la fiscalización de ese gasto en infinidad de ocasiones por los técnicos, se da por hecho que más temprano que tarde llegará un momento en el que el pago de las nóminas será imposible.
No es la primera vez que se plantea esta modificación. La plantilla de trabajadores de las Brigadas Verdes rechazó en asamblea en febrero de 2020 por amplia mayoría (94 votos en contra y 11 a favor) mantener sueldos y antigüedad en Tragsa y optó por quedarse con la Federación Provincial de Vecinos (FPAV), que año tras año ha tenido mil y una dificultades para justificar adecuadamente el dinero recibido ante la Intervención.
Los reparos persisten entre un grupo que considera que la puerta de Tragsa puede ser, en realidad, la de salida definitiva de estar en nómina pública, así como quienes creen que sus condiciones laborales, en ocasiones de laxitud extrema, cambiarán a peor.
El viraje exige en primer lugar un cambio de convenio para pasar al de Jardinería. Tragsa ha estimado que en ese marco los trabajadores deberían estar contratados a un 75% de la jornada completa con el fin de no superar los 3,5 millones de costes estrictamente salariales. Si hubiese que ir a jornada completa la factura no bajaría de unos 6 millones de euros al año.
El resto, hasta los 4,7 que pide por el encargo de asumir a ese plantel, se iría en “medios humanos para el seguimiento y control de la actuación”, maquinaria y vehículos, vestuario, herramientas, maquinaria de jardinería y una nave, así como costes indirectos y generales.
El acuerdo final depende de la voluntad de la plantilla, con cuyos representantes el Ejecutivo local prevé reunirse de inmediato, y la posición del PSOE , que considera que la integración de las Brigadas Verdes en Tragsa es una condición indispensable para poder garantizar su continuidad de forma viable.
La otra opción para consolidar esos empleos con cierta certeza, su integración en Obimace, ha chocado con los múltiples reparos técnicos que conllevaría.
