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Su nombre aparece entre 60 personas que cuentan con órdenes de embargo
El exdelegado del Gobierno Luis Vicente Moro consta en la lista de las personas contra las que se sigue diligencias por presunta comisión de delitos, con órdenes de embargo, según el listado difundido ayer por Europa Press y firmado por el juez Velasco en el marco de la ‘Operación Lezo’.
La acusación se dirige contra 60 personas en total, según consta en el auto cuyo contenido se supo ayer tras saberse de la imputación de Zaplana y Villar Mir.
Moro dejó de ser delegado del Gobierno en Ceuta en 2004, tras unos últimos años salpicados por la polémica, sobre todo cuando se sentó en el banquillo como acusado y terminó siendo condenado en el famoso ‘caso Tesón’, después de la campaña que orquestó para desprestigiar al magistrado contando con la implicación de miembros de la Policía y de sus colaboradores en la Delegación del Gobierno. El Supremo ratificó la pena por relevación de secretos, al igual que la condena a sus compinches en esta trama, pero no entró en prisión.
Otra polémica en los tribunales de Ceuta le llegó con la expulsión de los menores marroquíes, hecho que le llevó a sentarse en el banquillo tras la denuncia de unos policías locales pero terminó quedando absuelto.
Ahora Moro vuelve a la palestra mediática de Ceuta, una vez que se ha destapado esta trama de corrupción alrededor del canal de Isabel II, que ha llevado con la detención y entrada en prisión de Ignacio González, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid.
Moro y González, González y Moro no es la primera vez que aparecen juntos en un asunto escandaloso. La trama del supuesto espionaje político en Madrid tuvo decenas de protagonistas. Desde la presidenta del Ejecutivo autonómico, Esperanza Aguirre, al alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón -ambos del PP-, pasando por consejeros, concejales, responsables de servicios de escolta o asesores de seguridad. Pues bien, en esa especie de galimatías apareció Luis Vicente Moro, quien en una entrevista al diario El País, reconoció que entregó a Ignacio González un borrador para la creación de una especie de servicio secreto autonómico en junio de 2008. Su objeto sería proteger a altos cargos del Gobierno regional que, al parecer, ya se sentían espiados.
El político mierense es amigo personal de Ignacio González y una de las personas que, según quedó demostrado, fue espiada, tanto en la capital de España como en el transcurso de un viaje que realizó a Cartagena de Indias (Colombia). Según el relato de Moro, en el verano de 2008 ambos comentaron la posibilidad de poner en marcha un servicio de protección informativa a altos cargos de la comunidad. El sistema se inspiraría en los del País Vasco y Cataluña, a partir de un borrador que el propio Moro entregó a González. Finalmente, el proyecto para la creación de ese centro autonómico de inteligencia quedó guardado en el despacho de Ignacio González.
