Varias oenegés han denunciado en un comunicado conjunto las condiciones en que están los centros de internamiento peninsulares, a donde van a parar los extranjeros que son interceptados en la península o trasladados desde los CETI de Ceuta y Melilla. Las oenegés hablan de incumplimiento de los “derechos humanos” y reclaman al Ministerio de Interior que dicte un reglamento en el que se concrete el respeto a los derechos básicos de las personas.
Reglamento inexistente
Las oenegés indican que la última modificación de la Ley de Extranjería del pasado 11 de diciembre de 2009 establecía un plazo de seis meses para aprobar dicho reglamento que garantice los derechos básicos de los inmigrantes. Hasta ahora no se ha presentado ninguna norma y mucho menos se ha consensuado nada con las entidades sociales, que, de entrada exigen garantías de integridad física y psíquica de los internos, salud, asistencias jurídica y social, comunicación, intimidad, instalaciones dignas y conocimiento y ejercicio de sus derechos.
Asimismo las entidades firmantes denuncian el oscurantismo del Estado en cuanto a la publicidad de estadísticas sobre el número de personas que habitan estos lugares, su situación jurídica, la duración del encierro, su expulsión o su puesta en libertad.
