Más de 500 subsaharianos han conseguido entrar en Ceuta desde el pasado mes de abril. De ellos casi cien lo hicieron sólo en un mes, el que comprende hasta finales de mayo. Casi todos cameruneses, alentados por el ‘efecto llamada’ que provocó la dispensa de las tarjetas amarillas entre la población solicitante de asilo cuya petición se había admitido a trámite. Con el general a la cabeza protagonizaron mil y un enfrentamientos de todo tipo. Contra la población, contra la justicia o contra la Policía. Hoy la situación es bien distinta. El general ya ni está en el CETI. Ha conseguido escapar, hace pocos días y ha llamado para informar de su hazaña al resto de compatriotas que todavía siguen en el Jaral.
¿Cómo llegó hasta Estepona? Eso es lo que no se sabe. La Policía Nacional lo detectó hasta en dos ocasiones siguiendo la senda hacia el Hacho, con la intención, como han hecho otros subsaharianos, de colarse en los camiones de basura. No lo consiguió por esta vía. La construcción de un muro de hormigón y el mayor control que tienen los trabajadores de la planta de transferencia lo impidieron. Su presencia en el puerto tampoco ha pasado desapercibida, como la de decenas de compatriotas que intentan una y otra vez colarse en camiones o contar con la connivencia de quien se presta a facilitarles un pase sin problemas. Sólo el general sabe cómo ha cruzado. Él y los receptores de una llamada que se convierte en habitual en el CETI. Y es que aquellos inmigrantes que consiguen salir al margen de los traslados que organiza la dirección del campamento tienden a llamar a sus ya ex compañeros para darles las novedades.
117 subsaharianos se encuentran ya en la península. Poco más de ochenta han salido en los grupos organizados al tratarse de colectivos en riesgo o personas que llevaban ya un tiempo en el campamento. El resto ha conseguido marchar ocultos en los bajos de los camiones o de otras formas menos arriesgadas pero más costosas económicamente.
Cada día son decenas los inmigrantes que se acercan hasta el puerto y algún despistado sigue acudiendo a la planta de transferencia o al entorno de la parada de autobús situada en el antiguo hospital de la Cruz Roja. Allí junto a las prostitutas que esperan clientes, se sientan subsaharianos pero sobre todo argelinos a la espera de que pase algún camión, tenga dificultades al maniobrar para coger rumbo al puerto, garantizándole los mínimos minutos para conseguir esconderse.
Las patrullas constantes de las fuerzas de seguridad consiguen asustarles, pero sólo durante unos momentos.
La situación migratoria atraviesa ahora una fase más tranquila. La Delegación del Gobierno ha dado orden para que, en breve, sea retirada la presencia policial de UPR y UIP del interior del CETI. La calma ha relevado a las tensiones que protagonizaron un grupo de cameruneses de los que ahora, en el campamento, queda poco más de la mitad. Las deserciones han ido en cadena y hasta el jefe ha abandonado la lucha por la libertad en versión díscola. La emisión de las tarjetas rojas, que sustituyen a las amarillas y en las que se incluye la leyenda de exclusión de la ley del asilo para Ceuta, Melilla y Canarias, ha provocado la desmembración del grupo. Las deportaciones a Camerún de varios de los subsaharianos que fueron trasladados a un CIE el pasado septiembre también ha servido para que el grupo abandone ese tipo de lucha y presión contra la administración.
La dirección del CETI, mientras, trabaja en mantener la unión entre los inmigrantes, seguir con los proyectos de inserción y con las actividades. También estudiando los expedientes de cada uno de los casos, de quienes puede formar parte de salidas venideras para evitar que las quinientas plazas del Jaral no estén nunca al completo. Desde Madrid se trabaja en las medidas que anunció el delegado del Gobierno para el CETI: mayor seguridad -que no siempre tiene que ejecutarse con presencia policial-, mayor agilidad en las salidas de aquellos que cumplan con los criterios marcados por la dirección y mayor control.
Mientras, por otro lado, CEAR trabaja en conseguir la extensión de la sentencia favorable al tránsito de los subsaharianos que disponen todavía de tarjeta amarilla para que todo el colectivo se beneficie de lo logrado por uno de los afectados. De momento quedan sólo once con este documento. Al resto el Gobierno ya se ha encargado de sacarle la oportuna tarjeta roja.
