El secretario general del Sindicato Unificado de Policía -SUP- José Manuel Sánchez Fornet no escatima en críticas hacia el Gobierno de Rodríguez Zapatero, al que acusa de ser el “peor de la democracia”. Una acusación que sustenta en los malos tiempos que corren para la Policía, marcados por la falta de medios -asegura que cada vez hay menos coches en servicio- y una rebaja salarial que no ha hecho sino empeorar la situación. La escuela ‘Andrés Carrera’ sirve de lugar de encuentro entre Sánchez Fornet y ‘El Faro’ para dar cabida a una entrevista en la que abunda la claridad y, cómo no, las críticas.
-En una entrevista reciente, usted calificaba al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como el peor de la democracia, ¿sigue pensando lo mismo?
–Ahora con más razón, porque ha hecho algo que no se conoce en la historia de la Policía. En los últimos 30 ó 40 años nunca se ha producido una rebaja salarial como esta que estamos padeciendo ya desde este año, que es de mucho dinero. Oscila entre los 200 euros de la escala básica y los 600 de la superior; un recorte salarial de esa magnitud no se había producido nunca. Si fuera porque es necesario, porque la política económica del país así lo requiere, hasta lo entendería, pero luego ve uno el ‘Plan E’ y comprueba que hay naves industriales que se han reconvertido en discotecas y que se han subvencionado los cuba libres... y uno se da cuenta de que han gastado 13.000 millones de euros. Es una problema de falta de dirección en la política económica del gobierno. Eso, evidentemente, nos molesta más.
En materia de salarios y medios materiales, este gobierno merece un suspenso rotundo.
–¿Con esa bajada salarial y esa ausencia de medios, cómo se encuentra hoy en día trabajando un policía en las calles? Y se lo pregunto además por las nulas garantías jurídicas que, encima, tiene en su trabajo que le lleva a poder perderlo por una intervención errónea.
–Está más desmotivado seguro. Mucha gente dice que está en su trabajo porque le gusta, pero evidentemente cuando te rebajan el salario, esa motivación se va a resentir. En cuanto a las garantías jurídicas tenemos las mismas de siempre: muy pocas. Hay un Código Penal que es durísimo, que castiga el mínimo error con una inhabilitación y la mínima condena de inhabilitación supone la expulsión de la Policía. Así trabajamos con una indefensión judicial bastante considerable.
Esto viene siendo así desde el año 95; si le sumamos el recorte salarial y empezamos a ver la falta de vehículos que ya se está dando a nivel nacional... el panorama no es bueno. Hay unidades en Madrid donde se nota que hay más policías que vehículos, porque es verdad que en estos últimos ocho años hemos incrementado mucho la plantilla, en más de 15.000 el número de efectivos... pero qué sucede, que desde hace un año no se compran vehículos y los que hay se desgastan mucho porque están las 24 horas de servicio.
Hay falta incluso de medios materiales: de ordenadores y hasta de folios.
–Este negro panorama ¿puede influir en el esclarecimiento de los delitos debido a que la eficacia sea menor?
–Sí, seguro. Yo creo que ya está afectando, lo que pasa es que en esto de las estadísticas tenemos otro problema grave desde hace años: que no hay transparencia suficiente. Las estadísticas se hacen de una manera que nosotros creemos que se oculta la realidad. Sin duda la desmotivación y la falta de medios materiales influye en la eficacia, se previene menos y se esclarecen menos delitos. Estoy seguro que ya está afectando a los ciudadanos. Como no hay perspectivas ni expectativas de que a medio plazo, a un año o dos, se pueda mejorar esa situación de medios materiales y económica... es evidente que va a haber menos seguridad y eficacia policial en el futuro.
–¿Hay una clara intención de maquillar esas estadísticas?
–Para empezar los datos que facilita el Ministerio de Interior no se refieren a datos de criminalidad del Estado español, sino al territorio MIR (del Ministerio de Interior), ahí no se incluye ni Cataluña ni el País Vasco, con lo que hay nueve millones de ciudadanos sobre los que no se aporta datos de inseguridad. No sabemos si es porque las policías autonómicas de Cataluña y el País Vasco no las revierte a los organismos centrales del Ministerio de Interior, lo que sería grave porque hay que plantear una política global de seguridad ciudadana, o porque el Ministerio no los quiere publicar así les resulta más favorable el resultado estadístico. Lo desconocemos porque en esta materia hay un claro problema de transparencia.
–Alude usted al problema judicial que tienen los policías por el escaso apoyo que reciben de esta instancia, lo que les puede llevar a cometer errores en detenciones por una falta de formación y al final resultar condenados o perder incluso su puesto de trabajo...
–O terminar en la cárcel, ya que además de perder su puesto de trabajo pueden acabar en prisión.
–¿Cabría una mayor inversión en formación o una reforma del Código Penal?
-Para empezar habría que reformar el Código Penal. Esos dos artículos que establecen que cualquier condena de inhabilitación supone la expulsión definitiva de la Policía deberían ser revisados. En estos momentos tenemos pedido el indulto de un policía que fue incluso condecorado por su intervención en una persecución de noche. Intentaron atropellar a su compañero, él alcanzó al delincuente. Éste le hizo frente con un serrucho con el que intentaba robar en un comercio. El agente le disparó a la mano para evitar la agresión y fue condecorado por ello. Un año y medio después resulta que ha sido condenado por la Audiencia Provincial por una presunta negligencia que yo no veo: si el policía no dispara a la mano, el delincuente le mata o puede hacerlo. Esa condena supone la expulsión definitiva del compañero.
Hay más casos parecidos a este, por eso me parece que la realidad jurídica no se adapta a la realidad que los policías nos encontramos cada día.
–A raíz de detenciones de inmigrantes, oenegés como Amnistía Internacional han sacado a la luz prácticas abusivas entre los policías que quizá se producen por una ausencia de formación...
-Sí pueden carecer de esa formación, pero Amnistía Internacional se equivoca porque esto no es responsabilidad de los policías sino del gobierno, del parlamento que ha hecho esa ley de extranjería, que ha sido aprobada. Si hay una mala práctica es del Gobierno porque el policía no se puede negar a cumplir una ley que está aprobada. Si luego además recibe órdenes de que tiene que proceder a identificaciones masivas... ahora ya menos indiscriminadas porque hubo un tiempo que se señalaba por el color de la piel a la salida de un metro para hacer identificaciones... luego se camufló un poco para hacer una identificación menos selectiva: a las primeras 200 personas que pasen se les identificaba y entre ellos caerían 15 ó 20 inmigrantes ilegales.
Para nosotros estas prácticas no están sustentadas en ninguna ley. Si es verdad que un policía pueda identificar por ley a cualquier ciudadano, las condiciones y requisitos para llevar a cabo estas identificaciones las establece el Tribunal Supremo, y hay sentencias del TS que dice que sólo se puede identificar en la calle a un ciudadano si resulta sospechoso. Debe haber un indicio racional de sospecha de que va a cometer un delito, no se pueden hacer identificaciones indiscriminadas en la calle de ninguna manera. Si se hacen es por la presión estadística, porque cada identificación policial es un palote. Esto al final supone que pone en riesgo la seguridad de los policías, que carecen de un sustento legal si se les pone una denuncia de detención ilegal con la que pueden terminar en la cárcel o sin trabajo.
–Esas órdenes nunca, imagino, se las darán por escrito...
-Nunca. Las órdenes nunca se dan así. Ha habido una condena de dos policías en Ciudad Real, otros dos en Córdoba, otro en Barcelona... todos actuaron cumpliendo órdenes y en ningún caso ha habido ningún reproche ni ninguna alusión a los mandos que dieron las órdenes, siempre han sido los policías los condenados.
–¿Podría un policía negarse a acometer este tipo de órdenes o denunciar al mando que les ha obligado a cumplirlas?, ¿ustedes como sindicato pueden instar a hacerlo de esta forma?
-No parece que sea lo más razonable. Nosotros lo que hacemos es informar de esto, llevamos mucho tiempo diciéndolo. Deslindar hasta qué momento la orden es legal o ilegal es complicado y denunciar a los jefes tampoco podemos hacerlo porque hay muchos que reciben la orden de otro jefe, éste de otro... y el último del delegado del Gobierno... al final nos llevaría a una escalada hacia arriba que lo que yo creo que hay que hacer es denunciar la política pública del Gobierno, la política de seguridad ciudadana, de identificación, de palotes, de que haya habido el año pasado 445.000 identificados en Madrid, que es una barbaridad, que haya mil identificados diarios en Castellón, seis controles diarios... eso no es garantizar la seguridad ciudadana. Lo es garantizar una presencia policial basada en la prevención: que haya agentes patrullando porque cuando se ve a un policía en esa calle se tarda mucho en cometer el delito, y en la investigación: haciéndolo bien. Esos son los pilares fundamentales, todo lo demás es vulnerar la ley, poner en riesgo a los policías y causar molestias innecesarias a los ciudadanos.
–¿Ha cometido el Gobierno también errores en materia de lucha antiterrorista?
-Se han cometido muchos, aunque en los últimos años parece que se ha entendido el problema. El único camino posible, y en el que ahora se está, es hacer que Batasuna no puede presentarse a las elecciones, no puede estar haga lo que haga o diga lo que diga su brazo armado que es ETA. Entre otras cosas porque de ETA no se puede creer nada, tendrá que dejar las armas, reconocer que ha sido derrotada y cuando pase el tiempo suficiente habrá tiempo de analizar. Es fundamental impedir que Batasuna no concurra a las elecciones y acelerar el fin de la banda terrorista.
–¿Valora el trabajo del SUP en Ceuta bajo las directrices de Carrera?
-El de Ceuta es uno de los mejores comités que tenemos en España. Andrés Carrera es uno de los que me enseñó a mi a hacer esto del sindicalismo. Es muy querido y respetado en la organización por su trabajo.
Cuatro cuestiones de actualidad
Sánchez Fornet es un ‘viejo conocido’ en la ciudad, por sus duras críticas en torno al trabajo desarrollado por los policías en la frontera. Lleva años reivindicando más agentes y más medios, pero, sobre todo, un mayor ordenamiento en la que sigue considerando “frontera tercermundista”. El Tarajal, el Biutz, o la respuesta dada por el Gobierno a la crisis fronteriza del pasado verano ante el acoso marroquí a las mujeres policías destinadas en Melilla son objeto de análisis específico en esta entrevista.
¿Qué necesita la frontera?
1.-Desde luego más apoyos. Estamos en la frontera en la que hay mayor diferencia de nivel de vida del mundo entero, tanto la de Ceuta como la de Melilla. Esto te lleva a una determinada práctica policial. La frontera del Tarajal es una frontera tercermundista, que se tiene que adaptar, tiene que tener más carriles de entrada y de salida, unas dependencias en condiciones y un sistema para tratar al ciudadano como corresponde, con todos los medios técnicos y personales que sean necesarios.
¿Y el paso del biutz?
2.-Esto es otro mundo. Es un caprichito del gobernador civil. Y no digo delegado del Gobierno a conciencia, porque para mi este no es un delegado es un gobernador civil. Se tuvo el capricho de abrir el Biutz, ahí lo mantiene e incumple todas las normas legales habidas y por haber, porque no se entiende qué hace ahí la Policía si no es un paso fronterizo. Nosotros no estamos para controlar mercancías, no tenemos esa competencia asignada por ley, entonces qué hacemos. Es un capricho suyo y en nuestra opinión él es el responsable político de las dos muertes que se produjeron ahí.
¿Se ha hecho algo?
3.-Las reivindicaciones del SUP en materia de fronteras no se han atendido. Nosotros llevamos años reclamando mejoras para los policías, y al final los más perjudicados son los ciudadanos, que entran y salen por esa frontera. Hoy somos los mismos denunciando las mismas cosas pero con más años de deterioro. Hay una cosa en la que hemos mejorado porque hemos insistido mucho: que hoy somos casi el doble en la plantilla que había en la frontera hace ocho años. Al menos parece que en eso se nos ha tenido en cuenta. Ha habido mejoras aunque son todavía insuficientes.
¿Respuesta adecuada a marruecos?
4.-No ha sido la que tenía que ser ante los insultos a la policía de Melilla. Hay que tener buenas relaciones con el vecino, porque estoy seguro de que en Ceuta todos quieren llevarse bien con Marruecos, pero si el vecino de al lado te deja la basura en la puerta de tu casa o te toca el timbre a altas horas de la madrugada habrá que decirle que ‘hasta aquí hemos llegado’. Las reglas de convivencia hay que respetarlas y el reino de Marruecos no las tiene en cuenta, no respeta las elementales normas de cortesía con España a través de Ceuta y Melilla. En cuanto se enfada el rey marroquí porque pase un helicóptero español por encima de su barco organiza lo de Melilla y mañana veremos. La posición del Gobierno deja mucho que desear, pecamos de una política débil.
