La polémica surgida por la subvención a la asociación ‘Centro para la Memoria Común y el Porvenir’, para la localización de fosas comunes de soldados marroquíes que lucharon en el bando franquista en la Guerra Civil española, no ha sido ajena a la senadora popular por Ceuta, Luz Elena Sanín, que el pasado viernes elevó una moción exigiendo la renovación “de forma inmediata” de cualquier decisión de subvencionar a esta ONG o a cualquiera otra que, de una u otra forma, “haya reivindicado parte del territorio español o se haya alineado con las pretensiones anexionistas”, según apunta la parlamentaria. Aunque el Gobierno negaba hace unos días que ya se haya dado luz verde a la subvención, Sanín desmiente esta postura asegurando que “ya está aprobada definitivamente, otra cosa distinta es que no se les haya entregado, pero incluso ha salido en el Boletín Oficial del Estado”.
La negación por parte del Gobierno de Zapatero de haber concedido esta ayuda que, según informaban, está a expensas de un “filtro final”, aparece días después de que Sanín presentara su moción. Pero eso no es todo, la parlamentaria insiste en que el Estado tiene la responsabilidad de indagar sobre los verdaderos motivos de esta entidad y el empleo de la partida presupuestaria. “Bajo ningún concepto el Gobierno puede apoyar asociaciones de las que no saben siquiera qué rumbo tienen, porque si subyace algo más profundo que el simple objetivo que aparece en los estatutos el Estado debe rechazar de plano la concesión de esta ayuda”.
Y es que, para empeorar aún más el asunto, la parlamentaria popular insiste en que la ONG marroquí “tiene antecedentes” relacionadas con el planteamiento sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, al llegar a plantear cuestiones como la negociación de ambas ciudades autónomas para establecer unas relaciones más cordiales. “La perspectiva de subvencionar a una asociación que atente contra la soberanía del Estado es más que suficiente no sólo para ni siquiera estudiarla, sino para rechazarla rotundamente”, sentencia Sanín.
En su moción, la parlamentaria aludía al hecho de que esta misma asociación había remitido un escrito dirigido al rey de España en protesta por su visita a las ciudades “ocupadas” de Ceuta y Melilla, y presentándose como un foro que se marca como meta el trabajo “sobre los crimenes y graves violaciones de derechos humanos que cometió el Estado español durante la época colonial así como el hecho de que España continúe ocupando las dos ciudades de Ceuta y Melilla”.
La subvención, estipulada en 56.700 euros, supera con creces la de otras entidades dedicadas a la recuperación de la memoria histórica tales como la ‘Fundación Cultural Istolacio’ destinada a conseguir datos sobre fallecidos en batallas (8.340 euros); la ‘Asociación GR5 Cultura y Sociedad de la Información’ para el estudio de la Batalla del Ebro (10.587,60) o la ‘Asociación Foro por la Memoria de Toledo’ sobre la represión franquista en la Campaña de Oropesa (11.618,90).
