La sentencia que ya tiene redactada la magistrada que juzgó el pasado lunes a los inmigrantes acusados de desobediencia abre una brecha en la resolución dictada por la Delegación del Gobierno que pretendía, desde el minuto cero, poner fin a las protestas de este colectivo. De manera muy clara, la magistrada ha venido a decir que existen defectos de forma en la propia resolución que fue preparada por los servicios jurídios de la máxima representación de la AdministraciónGeneral del Estado en nuestra ciudad. A buen seguro que hoy se producirán reacciones de todo tipo, pero no parece haber mucha conexión entre el poder político y el poder judicial en cuanto a la sintonía para poner el punto y final a una situación que ya se está demorando más de la cuenta. Por supuesto, que aún queda un juicio más importante donde a los inmigrantes se les acusa de un delito y no de una falta como en esta ocasión. Será el segundo asalto, pero en el primero se ha abierto una brecha.
