Se ha levantado una polémica en torno a los permisos que la Ciudad Autónoma debía conceder para la construcción de la planta de biodiesel en la zona portuaria.
Mientras que la empresa, a través de un largo comunicado, señala que han tenido noticias extraoficiales de que la Ciudad Autónoma ha decidido el archivo del expediente, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, en el transcurso de una comparecencia ante los medios de comunicación ha indicado que confía que durante el mes de agosto haya una resolución concreta, sin confirmar en ningún momento que se haya cerrado el expediente de manera negativa.
Para la empresa, después de una llamada telefónica que dicen haber recibido del consejero de Economía, Guillermo Martínez, confirmándole la negativa, la única solución que queda ahora mismo es la política y que está en manos del presidente.
Sin embargo, en este punto también difiere Vivas, porque señala que la discrecionalidad no funciona en este asunto, “dado el procedimiento está reglado y todos los informes técnicos son vinculantes”.
En un comunicado, la empresa indica que en las distintas reuniones que han mantenido sobre este proyecto, se ha manifestado la voluntad política de llevar a término el mismo entendiendo las enormes ventajas económicas y sociales y estratégicas que se derivan del mismo.
Indican que no han tenido acceso todavía a los informes de la Ciudad, pero que los técnicos habrían basado su decisión en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y en concreto, aplicado a la utilización y almacenamiento de Metanol.
Reflejan que la planta de biodiesel no tiene un carácter peligroso, ni insalubre, “tal y como demostró el propio Estudio de Impacto Medioambiental que evalúa el alcance de efectos ambientales e impone unas medidas cautelares y correctoras”.
En el comunicado de la empresa se mantiene que la distancia mínima de seguridad del tanque de metanol hasta el núcleo urbano más próximo es de cuarenta metros y que en el proyecto actual estaría situado a quinientos.
Mencionan que la Ciudad solicitó un informe técnico independiente y que las conclusiones son positivas y entienden que la aplicación restrictiva que se hace del RAMINP para cancelar el proyecto acabaría con cualquier posibilidad de desarrollo industrial o logístico del puerto y supondría un problema jurídico de primer orden puesto que convertiría en ilegales distintas instalaciones.
La empresa recurrirá la decisión de la Ciudad puesto que “los argumentos técnicos han quedado suficientemente contestados a lo largo del proceso”.
Desde su punto de vista la decisión de proseguir con los trámites del proyecto es eminentemente políticas y que la única autoridad que puede tomar una decisión al respecto es el presidente de la Ciudad, Juan Vivas.
Son conscientes, según su comunicado, que existe una divergencia de opiniones en los informes técnicos emitidos, por lo que alegan la necesidad de un tercer informe independientes que sea vinculante para ambas partes.
Mantiene la propuesta realizada a la Ciudad en los últimos días de someter la decisión a un árbitro independiente, de reconocido prestigio, y elegido de mutuo acuerdo entre ambas partes para garantizar la decisión que se tome sea la más beneficiosa para la Ciudad y los ceutíes.
Además hay un aspecto que significan igualmente como es el proceso que se ha seguido para otorgar las licencias, “puesto que la normativa establece el silencio administrativo como vía para el otorgamiento de las licencias ante la demora de la autoridad competente. En este caso, el desbordamiento de plazos a que se ha sometido el proyecto encajaría perfectamente dentro de ese figura. La buena voluntad de la empresa ante una inversión que consideramos de máxima importancia ha desechado hasta la fecha actual utilizar esta vía”.
El presidente pide prudencia
El presidente de la Ciudad Autónoma con la aparición de esta polémica ha solicitado a todas las partes prudencia a la hora de los distintos pronunciamientos, hasta que no haya una resolución definitiva por parte de la Ciudad Autónoma en relación con los permisos que fueron solicitados por las empresas.
Todo ello vino como consecuencia de una pregunta que le realizaron los medios de comunicación, en torno a que según la misma empresa con la decisión negativa se podía poner en peligro cualquier otro tipo de inversión como la que auspicia la Ciudad de convertir el puerto en un gran almacenamiento de combustible.
Para el presidente son dos cuestiones que pertenecen a ámbitos totalmente distintos y que no tienen nada que ver el uno con el otro.
La adjudicación por parte del puerto se produjo en 2007
Los antecedentes para la construcción de la planta de biodiesel se iniciaron en el año 2007 cuando se puso en marcha un procedimiento de concesión administrativa en terrenos de dominio público portuario.
Biocarburantes del Estrecho fue adjudicataria de dicho procedimiento con un proyecto de inversión que supera los setenta y dos millones de euros, unos doce mil millones de las antiguas pesetas.
Una vez que el proyecto fue aprobado por el puerto, la Ciudad tenía que dar su conformidad, para lo cual se formalizaron los trámites correspondientes.
Desde que se presentaron los mismos la empresa ha estado negociando con la Ciudad Autónoma durante los últimos veinte meses.
Comisión
El proyecto se encuentra avalado por el propio Gobierno de la Nación, ya que a través de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos se recibió una subvención cercana a los ocho millones de euros.
En la serie de argumentos que ofrece la empresa se indica que el proyecto responde a los criterios establecidos en el Real Decreto 172/2008 de 8 de febrero en el que delimita la zona de promoción económica de la Ciudad de Ceuta. En esta norma, se establece el desarrollo del tejido industrial y la mejora medioambiental como motores del crecimiento futuro de Ceuta.
Está incluído en el Plan Estratégico de Inversiones 2008/2012 del puerto de Ceuta, cuya estrategia está basada en convertir a Ceuta en un enclave logístico estratégico en el Estrecho.
Entre las distintas ventajas que siempre se han barajado se encuentra que la explotación de la planta conllevaría una creación entre cien y ciento cincuenta empleos entre directos e inducidos.
Estudios
En los estudios se habla de multiplicar el tráfico y la actividad del puerto. Por otro lado, los ingresos vía IPSI para la Ciudad se verían incrementados. Los cálculos hablan entre seis y diez millones de euros.
La misma planta de biodiesel representa un foco de atracción de empresa en sí mismo, porque la generación de subproductos como los esteroles, durante el proceso de elaboración, es importante para la industria farmacéutica y alimentaria.
Y desde el punto de vista energético, el proceso de producción de biodiesel, cuyo tratamiento específico permite generar energía suficiente para autoabastecer a la planta y generar un exceso de capacidad energética que la empresa pondría a disposición de la Ciudad.
