La Secretaría de Estado de Seguridad está dispuesta a escuchar a los sindicatos de Policía Nacional y las asociaciones de agentes de la Guardia Civil para mejorar, si así lo entienden, la reciente instrucción que regula algunos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, como los cacheos o la toma y difusión de imágenes y datos de los agentes.
Fuentes de la Secretaría de Estado han expresado esa voluntad de escuchar a los representantes de los agentes, que precisamente han remitido una carta conjunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le piden una reunión urgente para que les explique los motivos que han llevado al Ministerio a redactar esa instrucción.
Según la carta, suscrita por cuatro sindicatos policiales y siete asociaciones de agentes de la Guardia Civil, la instrucción "atenta contra los profesionales", entre los que ha causado un "profundo malestar", ya que entienden que "vía instrucción, se pretende desactivar una norma desde un ámbito político, escapando así de las limitaciones que ha establecido el poder legislativo".
La instrucción se ha elaborado, según Interior, para unificar criterios en la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana mientras se reforma en el Congreso, que ya ha iniciado la tramitación con la constitución de la ponencia.
Interior ha comprobado, según fuentes de este departamento, que en algunos casos se aplicaban "sanciones desmesuradas" por las infracciones a la ley e, incluso, algún abuso de poder, pero también se ha observado una desprotección de los agentes.
Y para que ni una ni otra situación se siga produciendo y para proteger tanto los derechos y libertades de los ciudadanos como de los agentes, la Secretaría de Estado de Seguridad decidió elaborar esa instrucción, que está dispuesta a revisar y mejorar con las aportaciones de sindicatos, asociaciones y mandos, han añadido las fuentes.
¿Qué cambiaría en la Ley de Seguridad Ciudadana?
Entre otros aspectos, la instrucción precisa que la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes no constituye infracción si no representa un riesgo o peligro para ellos, su familia, las instalaciones o las operaciones policiales.
Además, pretende unificar criterios en la práctica de determinadas diligencias por parte de los agentes, como los cacheos, y en la interpretación de algunas infracciones tipificadas en la ley, como la desobediencia a los agentes de Policía Nacional o Local y Guardia Civil o las faltas de respeto.
En su misiva, los representantes de los agentes opinan que la instrucción "dificulta más si cabe" el trabajo de estos funcionarios a la hora de aplicar la ley, pone "más obstáculos para su cumplimentación" y supone "un claro intento de abolir por la vía de los hechos una parte de la ley que nos protege en nuestro quehacer diario", subraya.
Críticas de las asociaciones
Siete asociaciones de guardias civiles criticaron la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad relacionada con la conocida como "ley mordaza" al entender que en la practica va a suponer "un aumento en las trabas y requisitos procedimentales" para realizar su trabajo.
En un comunicado conjunto, las asociaciones aseguran que la instrucción ha provocado entre los agentes de la Guardia Civil y las asociaciones profesionales "intranquilidad ante el futuro ejercicio de sus funciones".
De hecho, precisan que han causado alarma las instrucciones para la realización de los registros corporales externos, situaciones que deriven en desobediencias o resistencias a los agentes o faltas de respeto y consideración a los mismos.
Entre las directrices "poco afortunadas" destacan la relativa al "uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad", y señalan que en un nivel 4 de alerta antiterrorista, la Secretaría de Estado "debería tener muy presente este hecho para velar por la propia seguridad" de los agentes.
Recuerdan que en la instrucción se indica que "para que los hechos sean constitutivos de infracción es necesario que se haga uso de las imágenes (...) y que se ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias (...)".
Ante ello, las asociaciones se preguntan "¿qué significa realmente un uso irregular para que se ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias?"
"Porque el simple hecho de tomar una instantánea -añaden- ya supone que una persona tiene en su poder una imagen del agente o de sus familias; imagen que con la tecnología actual puede hacerse viral en redes sociales o internet en cuestión de minutos".
Y se preguntan también: "¿Acaso tenemos que esperar los guardias civiles a que nuestra seguridad este claramente en riesgo y ya no haya remedio para poder denunciar ese acto?".
Las asociaciones, al igual que han hecho los sindicatos policiales, critican a Interior por haber redactado una instrucción "sin tener en cuenta la opinión de los profesionales que ponen en juego su vida cada día".
En este sentido, entienden que para la elaboración de instrucciones relacionadas con aspectos policiales "sería conveniente que se contase con los legítimos representantes de los guardias civiles".
