El órgano de investigación constituido en el seno de la Asamblea acordó que se reactivaría cuando el sumario dejase de tener protección especial; la UDYCO ha sumado actas y audios de sus 4 reuniones a la causa
La Comisión de Investigación constituida en el seno de la Asamblea para aclarar el caso de las 317 VPO de Loma Colmenar tras la publicación de una ‘lista fantasma’ que fue denunciada al Juzgado por la ex consejera de Fomento, Susana Román, y que mantiene a más de 60 personas investigadas y al ex gerente de la sociedad municipal Antonio López en prisión no ha retomado sus trabajos pese a que en su última reunión, celebrada en febrero de 2016, se acordó que lo haría cuando se levantase el secreto de sumario, algo que sucedió hace ya más de nueve meses, el 7 de abril.
La Comisión Especial de Investigación se constituyó bajo la Presidencia de Mabel Deu y celebró cuatro sesiones, dos de ellas de puro trámite. Sus integrantes son Fernando Ramos (PP), Nuria Miaja (PSOE), Juan Luis Aróstegui (Caballas), Fatima Hamed (MDyC) y Javier Varga (Cs).
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Desde el principio, Aróstegui pidió que se citase a declarar en primer lugar a Antonio López pero nunca logró que su criterio saliese ganador en las votaciones, por lo que en su segunda cita, la única con comparecencias, se citó a Susana Román, Mohamed Ali, José María Mas, Salvador Vera, Mónica Argent y María José Cariñanos.
La UDYCO ha reclamado para incorporar a las diligencias judiciales tanto las copias de las transcripciones de las declaraciones prestadas como los audios de las mismas. Román se limitó a señalar que al haber sido citados todos los miembros de la Comisión Local de la Vivienda por la instructora de la causa hablaría primero en sede judicial.
Ali sí aceptó responder a las preguntas de los miembros de la Comisión de Investigación, a quienes detalló que el “nunca” había aprobado un listado de adjudicatarios de una promoción. José María Mas argumentó que solo había acudido a reuniones de la Comisión Local de la Vivienda ocasional y accidentalmente.
Vera, que aseguró llevar meses de baja médica, dio cuenta de la escasa organización que existía en la empresa pública: “Yo no recuerdo que en Emvicesa hay un organigrama concreto [...]. En el tema del trabajo el gerente se lo encargaba al que quería, vamos yo se lo he discutido ni a él [a Antonio López] ni a ninguno”.
170 VPO: Trabajadores negaron haber visto las listas supuestamente aprobadas en Comisión
De acuerdo con su testimonio, el gerente atendía directamente a “muchísimos” usuarios. Varga le preguntó: “¿Cuando llega a la Comisión Local de la vivienda, lo que llega o lo que llegue, está todo el pescado vendido, todas las viviendas están ocupadas?”. Su respuesta fue, según las transcripciones de la sesión, “claro, yo me imagino, que de eso se dará cuenta para ver si se ha cumplido con las ordenes de cupos, etc.., que se ha aprobado al principio”.
Argent, jurídica de la empresa y secretaria ocasional de la Comisión Local de la Vivienda, dejó claro que “yo no he visto una lista de adjudicatarios en mi mesa, ni se me ha requerido para ningún servicio de adjudicación de vivienda, ni siquiera del procedimiento, ni para hacer un contrato”.
Interpelada por las listas de adjudicatarios de las 170 VPO a las que supuestamente dio su visto bueno la Comisión en febrero de 2013, la trabajadora reconoció que “yo no los tuve en ningún momento, ni siquiera los vi en la Comisión Local, es que esas listas yo no las vi, porque no se sacaron”, todo ello a pesar de que en el acta de aquella reunión dice que se procedió “a someter a votación la aprobación y ratificación, por parte de la Comisión Local, tanto del listado de adjudicatarios, como del listado de compromisos emitidos para la siguiente promoción, siendo ambas aprobadas por unanimidad de los presentes con derecho a voto”.
“A mí se me escapa afortunadamente porque siempre hay rumores, disgustos...”
“¿Cómo se hace? ¿Si el procedimiento es el bueno o el malo?, a mí eso ya se me escapa y afortunadamente, porque es que siempre hay rumores y comentarios, disgustos, y gente que viene allí a contarnos, entonces ya el detalle de cómo sale cada uno, independientemente de sorteo, de tal y cual, h´´i ya en el procedimiento yo no intervengo”, alegó Cariñanos, otra jurídico de la sociedad.
“Ir por la tarde a puerta cerrada... ¿Qué necesidad hay? Parece de tapadillo”
En la única reunión con declaraciones de la Comisión de Investigación se preguntó a una de las jurídicos de Emvicesa: “¿Cuál es tu opinión respecto a la forma que actúa Emvicesa, o cómo llevan los procedimientos de adjudicación de viviendas, desde un punto de vista jurídico administrativo, o sea, desde un punto de vista de ley de procedimiento?”.
Su respuesta fue: “Hay de todo, el procedimiento no siempre es el mismo, lo único que puedo decir por el que nos ocupa ahora mismo [las 317 VPO], es que hay una voluntad de hacerlo bien; puede que se cometan errores pero se pretende hacer bien, con sus publicaciones, sus reclamaciones, y eso no ese nuevo, eso ya se ha hecho en el pasado”.
Caso Emvicesa, la clave: La causa se abrió en verano de 2015, suma más de sesenta investigados y ha ampliado su radio de acción más allá de Loma Colmenar.
Sí, reconoció que, antes de la publicación de la lista ‘fantasma’, “por lo que me han contado mis compañeros, que yo no lo he visto personalmente, las listas se elaboraban por la tarde a puerta cerrada cuando allí estamos por la mañana, tenemos toda la mañana, entonces por la tarde se iba allí a elaborar las listas, qué necesidad hay, parece que se está haciendo como de tapadillo. Y aparte, la consejera de fomento fue advertida por un compañero y así me lo dijo él y ella me lo reconoció que ahí no había habido ningún procedimiento aprobado por la Comisión Local ni había dicho nada para que estuvieran ya los contratos redactándose”.
La UDYCO también ha reseñado en varios informes, los últimos relativos a las conversaciones por Whatsapp de López con algunos trabajadores, sus recelos sobre esas labores vespertinas.
Las VPO de la plantilla de Emvicesa: Solo 8 de 22 trabajadores no tienen casa de protección pública
El ‘caso Emvicesa’ ha sumado a los miles de folios que acumula desde su apertura hace más de dos años y medio la documentación solicitada por la UDYCO de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta para, entre otras cosas, conocer las viviendas de protección oficial (VPO) adjudicadas a los trabajadores de la sociedad municipal “haciendo constar promoción y procedimiento”.
De los 22 trabajadores que aparecen relacionados al detalle en el listado de los ejercicios 2015 y 2016 que consta en las adjudicaciones (sin incluir a sus dos últimos gerentes, Antonio López y Kissy Chandiramani), solo ocho no tienen (ahora en el pasado) un vivienda protegida de Emvicesa o la Ciudad Autónoma. las casas se extienden por promociones de las calles Velarde y Solís, Patio Páramo, Ybarrola, Sargento Coriat y la Estación de Ferrocarril.
En algunos casos se hicieron con ellas por sorteo y en otras en virtud del Convenio Colectivo, que en el año 2000 incluyó vía pacto de Comisión Mixta la ratificación del acuerdo de ese mismo órgano de abril de 1999 que decidió “otorgar preferencia a los trabajadores de Emvicesa en la elección de viviendas promovidas por esta empresa de financiación privada”.
Esa cláusula, de la que se han beneficiado ocho empleados, no se mantuvo en posteriores Convenios Colectivos.
Sargento Coriat y Serrano Orive, bajo análisis
La UDyCO también ha incorporado a las diligencias del ‘caso Emvicesa’ la documentación solicitada a la Administración por la tercera promoción de Loma Colmenar, la de las 225 VPO, y otras ajenas a esa zona como las de la calle Sargento Coriat o la de Serrano Orive. En este último caso, los investigaciones han reclamado a la sociedad municipal tanto el listado de adjudicatarios como el acta notarial del sorteo. De las 45 viviendas de la mencionada promoción se reservaron 4 para adjudicarlas a discapacitados en los términos pactados en la Comisión Local de Vivienda de 23 de enero de 2008. De Sargento Coriat se pidieron bases, fecha de promoción, forma de adjudicación y listado de beneficiarios. En las bases aportadas consta que se acordó como sistema de venta de varias promociones “dar preferencia a los solicitantes cuya vivienda esté en ruina declarada” y dejar un 50% “para solicitantes que entreguen vivienda en propiedad” y el otro 50% “para solicitantes por orden de entrega de solicitud”.
