El 12 de octubre de 2013 el Presidente de la Generalitat de Cataluña, dio inicio a una deriva de marcado sesgo inconstitucional al convocar un referéndum de autodeterminación vulnerando el orden jurídico establecido que ni por su objeto, ni por el procedimiento pretendido, podía ser compatible con la Constitución Española.
Las pretensiones del Sr. Mas y sus acólitos han pretendido y siguen pretendiendo hacer añicos la Carta Magna, la Ley de leyes, que en modo alguno puede ser vulnerada por ninguna otra de rango inferior si contradijera principios constitucionales; por ende, ni la ley de consultas aprobada por el Parlamento de Cataluña, ni el Decreto de convocatoria para el 9-N firmado por su Presidente sin base legal alguna, tienen futuro ni efectos jurídicos vinculante al ser contrarios a la normativa constitucional; nadie absolutamente nadie, puede estar por encima de la ley, y el Sr. Mas, se ha erigido en el máximo precursor de la ruptura social catalana y en el más peligroso infractor de la ley y de la convivencia entre los españoles traspasando a sabiendas esa línea roja de la legalidad al persistir en el camino de la inconstitucionalidad, desafiando al Estado, al orden jurídico constituido e incurriendo en grave desacato al TC. y con ello, atentando de forma grave contra el derechos de todos los españoles, titulares que son, de la soberanía nacional .
La soberanía reside en el pueblo español en su conjunto del que emanan los poderes del Estado y una parte de él no puede tomar decisiones sobre lo que afecta a todos los españoles como pretende hacerlo el Sr. Mas, en su afán soberanista al atentar contra uno de los pilares fundamentales del Estado.
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española y por tanto, cualquier intento de fracturarla es abiertamente contrario a la legalidad vigente y el orden jurídico establecido.
Ese derecho a decidir en los términos impuestos por la Generalitat, es negar ese mismo derecho a quien realmente le corresponde que es al conjunto del pueblo español , es una actitud totalitaria y profundamente antidemocrática, no en vano afirmaba D. José Luis Fuentes Suarez al afirmar que “…la actual opción de la consulta sesgada y no democrática es claramente una opción meramente partidista y nefasta para el propio pueblo catalán, en el que sólo sembrará la confusión y la frustración, y también para el resto de los ciudadanos que la consideran justamente como algo insolidario y antidemocrático…”.
Y como acertadamente afirmaba nuestro Presidente Mariano Rajoy “No hay nada ni nadie, ni poder, ni institución ninguna que pueda romper ese principio de soberanía única e indivisible sobre la que se basa nuestra Constitución”.
La Constitución española nacida del consenso de todos los españoles, es un compendio normativo por excelencia y constituye la mayor garantía de igualdad en derechos y libertades y aunque reformable, ha de hacerse a través de los procedimientos que la propia Constitución establece para su reforma, nunca violentando la legalidad como se viene haciendo mediante una serie de actos consumados que encajan en lo punible, en total desafió al estado de derecho y desoyendo al Tribunal Constitucional que ya advertía sobre la nulidad con efecto retroactivo de todos los actos acordados para promover la consulta del 9-N; y por supuesto, las instituciones del Estado han estado y están prontas a responder al desafió soberanista.
Tras la sentencia del TC del pasado 24 de marzo y las advertencias del alto Tribunal para el supuesto de mantenerse el órdago soberanista y la contundente respuesta del Gobierno del Estado, han llevado al Sr. Mas, a buscar atajos en un desesperado esfuerzo de mantener a toda costa la convocatoria de una consulta en los mismos términos y a los mismos fines en un frontal ataque a la Constitución, al orden jurídico establecido y al Estado de derecho; y sin rubor alguno, utilizando para ello fondos públicos y sedes oficiales; sea como fuese, su responsabilidad penal y política ya no tiene vuelta atrás.
*Luz Elena Sanín Senadora por Ceuta
