Ilustrísimo señor secretario general de la Administración de Justicia: En repetidas ocasiones me he dirigido a ese Ministerio poniendo en su conocimiento una serie de atropellos, como mínimo susceptibles de una investigación seria, llegando a solicitar por ellos el cese de la secretaria de gobierno en Ceuta.
Desde su primera visita a esta ciudad solicité audiencia de V.I. para tratar el tema sin obtener resultado. Es por ello que, con el máximo respeto, me levanto en esta asamblea virtual con la intención de hacerle llegar mi voz por un asunto que considero de suficiente gravedad.
LO NORMAL:
En la Administración, la base misma del funcionamiento del sistema es el respeto a la jerarquía. Lo normal cuando alguien ataca el fundamento del sistema es la aplicación de mecanismos de solución de conflictos.
LO EXCEPCIONAL:
También es normal, pero solo en último extremo, la aplicación de la fuerza (del Estado) como medida excepcional.
El último policía salido de la Academia (“Fuerza Pública”) conoce este principio elemental. Sus técnicas habituales son la palabra (3%), la “diplomacia”(2%), y la paciencia (95%), solo excepcionalmente el uso de sus “defensas” y, en casos absolutamente extraordinarios, incluso su arma de fuego.
LO ANORMAL:
Es incoar un expediente disciplinario.
Lo anormal es incoar ocho expedientes a la misma persona.
Lo anormal es que siempre se acuse por faltas graves que luego se tienen que archivar sin sanción, tras provocar años de sufrimiento gratuito.
EN CONCLUSIÓN:
El uso de la fuerza forma parte del fundamento del sistema. Su abuso constituye su corrupción.
La prensa local recogía recientemente (5 de Abril de 2014) unas declaraciones de la secretaria de gobierno justificando su postura de expulsar a una secretaria judicial so pretexto de “residir” en Algeciras. Puesto que es públicamente conocido que la propia secretaria de gobierno “residió” un tiempo en Marruecos solicité que, como personaje público que es y en aras del principio de transparencia (que se exige incluso al Rey y a la Casa Real), mostrara a la prensa su pasaporte para evidenciar lo inicuo de la expulsión.
Resultado: El Ministerio, que habitualmente permanece impasible ante cualquier denuncia, me incoa mi NOVENO EXPEDIENTE disciplinario por “desconsideración con un superior”.
Tras la apariencia de legalidad/normalidad (“algo habrá hecho”, “él se lo ha buscado”, “no haberse metido el líos”) se oculta la realidad de una violencia institucional (ilegítima) con el consiguiente desprestigio personal y profesional incluso aunque el expediente acabe finalmente (como acabará) en nada.
Como en el origen de los hechos (año 2006) existe un recurso contencioso estimado a mi favor por los Tribunales contra los intereses de mi propia superiora jerárquica (precisamente por la plaza que ocupo) y desde entonces no han cesado las agresiones es por lo que, ante la pasividad de su Ministerio, he interesado la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO por estimar que pudiera existir una incorrecta utilización de la fuerza de la Administración.
El asunto podría no tener mayor trascendencia (ocho, nueve, diez expedientes a nadie importan) si no fuera porque:
a) El tema del pasaporte (lo muestre o no a la prensa) y la “residencia” en Marruecos son fácilmente demostrables.
b) El acoso (como las coacciones o la prevaricación) es un delito penado por el Código Penal (art. 173 en relación con el 177).
c) El Ministerio ha optado por posicionarse del lado del agresor que abusa de su fuerza.
Por todo lo expuesto, con el debido respeto, intereso nuevamente de ese Ministerio el cese de la señora Vilar Mendieta.
