Llevo muchos años insistiendo en la necesidad imperiosa de que se implante una policía de barrio, seria y rigurosa, que tenga informada a la administración de las circunstancias y peculiaridades de cada barriada, y que sirva, además, como fuerza disuasoria a quienes se empeñan en saltarse a la torera las normas, lo que unas veces da lugar a situaciones graves de difícil solución, como puede ser la construcción ilegal de viviendas o la creación de basureros que terminan por aceptarse implícitamente; y otras permite la proliferación de reuniones juveniles en las que no solo se molesta a los vecinos con botellones, algaradas, provocaciones o apedreamientos, sino que a veces fomentan la realización de negocios turbios que no es raro terminen con sangre.
En El Faro del 19 de Abril, Silvia Vivancos informa que la Seguridad en el Príncipe se configura, según el Superintendente de la Policía local, como una de las actividades en el marco de Plan de Acción que la Ciudad acomete en esa barriada (medida que se extrapolará a otras), y en esta línea de actuación se establece la habilitación de una Oficina de Policía Local en la que los agentes puedan desempeñar las tareas propias de la Jefatura, oficina que al margen de agilizar la tramitación de cualquier expediente, servirá para orientar a una persona que no sepa realizar una instancia. Esa oficina contará con la presencia de varios policías locales, mientras que el resto se reparten el control de entrada y salida de los colegios de la zona, además de dirigir el tráfico.
No parece que la Ciudad tenga conciencia de que más que una oficina para orientar al ciudadano a rellenar un papel, lo que los barrios necesitan es la seguridad que proporciona la presencia vigilante de una policía integrada que asegure una convivencia pacífica y el respeto al orden establecido. Vender la implantación de una Oficina de atención al público como una solución a los problemas de esa y de otras barriadas, es una operación cosmética que tanto la administración local como la gubernativa saben que sirve para poco.
Las constantes y cada vez más frecuentes agresiones a las fuerzas de orden público, sea cual fuere su color, están tomando un carácter francamente alarmante, pues se presentan como operaciones programadas y concertadas, en las que se colocan barricadas aprovechando mobiliario público, se pone en práctica una logística preconcebida, consistente en el depósito de piedras, rocas o adoquines en lugares estratégicos, con objeto de lanzarlos sobre vehículos y viandantes, y se atrae la presencia de bomberos o policía a lugares determinados, mediante llamadas telefónicas y señuelos tales como el incendio de vehículos o contenedores. La situación ha llegado a ser tan grave que la Guardia Civil, según he oído, hubo de tomar el pasado día 19 los altos de la Loma Colmenar para poner orden en el lugar.
Siendo necesaria la presencia continuada de la Policía local para ocuparse de las competencias que la Ley le tiene asignadas, no es menos necesaria la de las restantes fuerzas de seguridad que tienen otros servicios, mucho más importantes que cumplir. De ahí que sería congruente que la franca y leal cooperación que la Ciudad mantiene con el Gobierno, se manifieste en el diseño de unas estrategias de actuación mancomunadas que aseguren la paz y el orden de un barrio en el que unos pocos imponen SU Ley la del más fuerte, con total impunidad. Más que una Oficina de atención al vecino, lo que éste barrio necesita es una Comisaría de Policía dotada de los elementos humanos y coercitivos necesarios para hacerse respetar.
La puesta en servicio del Hospital Universitario hace especialmente vulnerable a muchos cientos de ciudadanos que a tenor de los hechos sucedidos recientemente, están corriendo unos riesgos evidentes e inadmisibles. Es de esperar que nuestras autoridades reaccionen con prontitud ante el reto chulesco y desvergonzado de los provocadores.
