Jose Luis Puerta, fiscal jefe de Ceuta, reconocía ayer que “el contacto con los menores provoca un gusanillo del que no se puede salir, y ahí no hay anticuerpo que te pueda curar”.
La reflexión servía de antesala a las IV Jornadas sobre Maltrato Infantil que entre ayer y hoy reúnen en la ciudad a un extenso abanico de especialistas en la lucha contra los abusos a menores en todas sus vertientes. Dos días de debate que abren la puerta a la reflexión sobre una lacra que convierte en víctimas involuntarias al grupo social de menor edad y que en las dos últimas semanas ha vuelto a golpear salpicando la actualidad con otros tres nombres que se añaden a su particular lista negra.
Puerta se encargó de introducir en el Auditorio del Revellín a Consuelo Madrigal, fiscal de la Sala Coordinadora de Menores y la persona a la que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, invitó en 2013 a continuar otros cinco años en el cargo. “Es la persona que más manda en España en menores cuando él la deja”, bromeó el fiscal jefe de Ceuta, “y también la de más sensibilidad y conocimiento jurídico sobre el tema”.
Resueltas las presentaciones, Madrigal cubrió la primera etapa de las jornadas desgranando el mensaje sobre el que gravitaba su ponencia: los derechos que protegen a los niños ante cualquier tipo de agresión hunden sus cimientos en el imbatible principio del interés superior y eso, enfatizó, no puede depender de recursos económicos o materiales. Un derecho que no existe como un simple cliché ni como un “estándar jurídico” labrado a fuego en códigos y legislaciones y que a la hora de la verdad se tope con inconcreciones o lagunas. Frente a ese peligro, abogó por una figura que concrete el principio básico de que el niño, además de ser objeto de máxima protección, puede ejercitar siemper sus derechos.
En el arranque de su exposición dio un salto en el tiempo para remontarse hasta el Siglo XIX, ese “siglo de los niños” cuyas aspiraciones se rubricarían una centuria después en la Declaración y la Carta de Derechos del Niño y, por encima de éstas, en la Convención de Derechos del Niño de 1989, “un punto de inflexión” por su impacto normativo y por consagrar el principio de que ningún menor debe ser objeto de violencia.
Ese concepto del niño como sujeto de derecho marca, según Madrigal, un tránsito de la mera protección a una perspectiva integral en la que la víctima menor de edad debe ver cubiertas también sus necesidades emotivas y morales. Una ética de la infancia en la que “el modelo de tutela juvenil se sustituye por otro basado en los derechos como persona, constructivo, que persigue la reinserción social”.
A partir de esa premisa, apostó por fomentar el derecho del niño a ser escuchado en las decisiones que le conciernen, a involucrarles en la defensa de sus propios intereses y al libre desarrollo de su personalidad. La “dicotomía” puede hacer acto de presencia, advirtió, cuando se trata de atender los anhelos del niño pero sin perder de vista al adulto que está llamadao a ser. Como ejemplo, una sentencia dictada por el Supremo en 2013 que anula el contrato suscrito en su día por los padres de una joven promesa del fútbol al que su club impedía desvincularse cuando apuntó buenas maneras más allá de la mayoría de edad. El Alto Tribunal entendió que su potencial de desarrollo personal estaba por encima de cualquier acuerdo firmado ante notario y le permitió cambiar de aires.
En el último tramo de su ponencia, dos apuntes: el derecho de todo menor a ser identificado y a serle garantizada una nacionalidad aun cuando sus padres accedan a un país de forma ilegal o en condición de apátrida y, conectando con la actualidad, los efectos de la crisis económica en el entorno familiar. “La pobreza no genera violencia, pero sí puede contribuir”, subrayó.
Vivas anima a velar por el “componente social más indefenso”
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, subió ayer al escenario del Revellín para inaugurar de forma oficial las jornadas. En su breve intervención, aplaudió el trabajo diario de protección y prevención que acometen a diario los profesionales del Área de Menores que dirige Antonia Palomo. Para ellos fue el primer agradecimiento y la consigna de que continúen por esa senda, siempre con el objetivo fijo de proteger “al componente social más débil e indefenso, el niño”. Y todo ello, recalcó, porque “no hay agencias de calificación que midan el civismo”, al estilo de las que calculan los niveles de solvencia económica de administraciones públicas o empresas privadas, “pero sí hay una relación directa entre el desarrollo y la protección a los menores”, recordó.
En esa batalla por la salvaguarda de los menores Ceuta ostenta, a su juicio, “un papel singular por su condición de frontera sur y terrestre de la Unión Europea en África”, circunstancia peculiar que supone “un impacto en la gestión pública” y que se traduce en “mayores niveles de exigencia” por la confrontación de dos realidades sociales diametralmente opuestas: la del primer mundo y la de un entorno de subdesarrollo. “Eso pone a prueba a la sociedad ceutí, que en ese examen aprueba sin duda con nota”, aseveró.
“La sociedad ceutí comprende y entiende el esfuerzo”, recalcó Vivas, para quien la “capacidad de acogida, socorro y asistencia” demostrada en las últimas décadas demuestran que “la solidaridad y el carácter humanitario forman parte del ADN de Ceuta, de un pueblo de una extraordinaria categoría”.
Las IV Jornadas sobre Maltrato Infantil concluirán hoy con otras tres ponencias: El acceso al procedimiento de asilo de los menores de edad, a cargo de Teresa de Gasperis; Procedimiento para la identificación y protección de los menores víctimas de trata, impartida por Elena Arce; y Los retos de la protección de la infancia en la frontera sur de Europa, protagonizada por Francisco Fernández Marugán.
