El consejero competente, Gregorio García Castañeda, presentará la próxima semana el paquete completo de proyectos, que beneficiará a la práctica totalidad de barriadas de la ciudad.
Su ejecución servirá para poner en marcha el proyecto en el que Torres y el Gobierno local han venido trabajando desde que el primero se hizo cargo de la asociación: crear una “bolsa de trabajo empresarial” que salve de la asfixia total a las empresas constructoras locales y a la industria auxiliar.
En medio de una ristra de concursos públicos con el económico como único criterio que empresas llegadas de la Península se llevan “con bajas temerarias”, el Ejecutivo ceutí ha diseñado un programa de proyectos por un importe inferior a 50.000 euros cada uno para no tener que ponerlos en liza y adjudicarlos directamente.
La Asociación de la Construcción, por otro lado, ha establecido un calendario de reparto del trabajo en el que cada empresa aparece “hasta dos veces” y que se ha elaborado partiendo de la letra M y no teniendo en cuenta criterios de antigüedad o de otra naturaleza.
El presidente del colectivo mostró ayer en declaraciones a este periódico su confianza en que estos proyectos sirvan, además, para generar empleo, algo que quiere hacer “repartiendo” las contrataciones entre afiliados a los sindicatos mayoritarios porque en la coyuntura actual “todos debemos intentar poner el hombro”.
Torres elogió ayer el trabajo y la relación forjada con García Castañeda, que según resaltó ha hecho “muy fácil” la búsqueda de cauces de colaboración “teniendo siempre las puertas de su despacho abiertas”.
Las claves
asociados
El doble de empresas en el colectivo Desde que Francisco Torres se hizo cargo de la Presidencia de la Asociación de la Construcción el número de empresas agrupadas ha pasado de poco más de una quincena a alrededor de 35.
reparto
La primera ‘bolsa de trabajo empresarial’ El Gobierno local y las compañías del sector han creado una ‘bolsa de trabajo empresarial’ como salida para intentar frenar la destrucción de empleo en uno de los ámbitos más castigados por la crisis. Los proyectos no alcanzan los 50.000 euros para no sacarlos a concurso público.
