Se opone al archivo sobre López y la jueza avisa que no lo hará con nadie hasta el fin de la instrucción
La Fiscalía se ha opuesto a la petición de archivo provisional de las actuaciones del ‘caso Emvicesa’ sobre Antonio López solicitada por sus abogados a finales de octubre en base a que, a su juicio, “los iniciales indicios a partir de declaraciones de investigados y la formulación de hipótesis policiales se han visto desvirtuados” por “la detección de graves errores sobre la reglamentación administrativa aplicable” y “sobre su patrimonio”.
Para el Ministerio Público “existen en las actuaciones indicios suficientes de la comisión de un delito de prevaricación administrativa y de falsedad, ya que de la extensa documentación obrante en la causa y de las diferentes declaraciones vertidas en las actuaciones pueden deducirse la concurrencia de todos los elementos tanto objetivos como subjetivos que componente los tipos penales que se le imputan”.
En línea con la Fiscalía, la jueza instructora, sin entrar al fondo del asunto de las peticiones de archivo formalizadas tanto por López como por las exconsejeras Susana Román y Rabea Mohamed, también ha advertido según fuentes judiciales que no prevé el sobreseimiento de ninguna imputación hasta que dé por terminadas las diligencias.
El fiscal sí ha entrado a rebatir el argumentario del extenso informe aportado por Román, según el cual la Comisión Local de la Vivienda no era competente para adjudicar (ni para fiscalizar cómo se hacía) las 170 VPO de Loma Colmenar por la que siguen figurando en la causa como investigados varios de sus ex miembros sino que tanto la propuesta de criterios concretos de selección como la de adjudicación se atribuyó en promociones financiadas por el Estado a una Comisión Técnica de Evaluación.
La Fiscalía recuerda que hasta ahora el caso ha girado, sobre documentación y testificales, sobre la base de que el procedimiento se había regido por la Ordenanza de 2006 con la Comisión Local como agente activo y ve difícil de creer que sus miembros cayesen en “un error tan burdo” como no conocer la normativa.
En su escrito de oposición al archivo solicitado por López, que primero señaló a la Comisión Local pero después se adhirió al argumentario de la defensa de Román, la Fiscalía destaca que incluso la ex consejera no hizo “referencia alguna” en sus declaraciones como testigo o investigada al Acuerdo Marco suscrito en 2007 por la Ciudad y el Estado que eximiría de competencias al órgano político local en las 170 VPO.
“La jurídico de Emvicesa dijo en julio que esa promoción tuvo subvenciones de la Ciudad como ayuda para el alquiler, por lo que resulta de aplicación la Ordenanza de 2006”, añade la Fiscalía en su escrito, en el que también reseña que Chandiramani, ex gerente de Emvicesa y “perfectamente conocedora de la normativa aplicable y el procedimiento de adjudicación” tampoco distinguió el régimen de esas casas del seguido con otras anteriores.
No obstante, el Ministerio Público cuestiona que dicho Acuerdo Marco de 2007 pudiese aplicarse en 2012 y 2013 cuando su vigencia se extendía hasta finales de 2010 “sin que conste prórroga”.
De la misma forma, sobre la Comisión Técnica de Evaluación que llevaría las riendas del proceso “solo se aporta un acta de constitución sin que consten más actuaciones, ni tan siquiera el requerimiento a los funcionarios de Emvicesa del listado oficial de demandantes de viviendas, por lo que no puede dotarse de verosimilitud y de operatividad a dicho organismo”.
“Todos los indicios apuntan a que efectivamente la lista definitiva se llevaba a la Comisión Local, desconociendo su origen o el autor de la misma, siendo allí 'aprobada y ratificada', como se acredita en el acta que aparece en las actuaciones”, termina.
La Audiencia ve hoy el recurso del policía portuario
El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta verá hoy el recurso presentado por la Defensa del policía portuario que permanece en prisión acusado de ser presunto intermediario de Antonio López en la trama de las VPO.
La Defensa intentará, de nuevo, que el máximo órgano judicial atienda la petición de puesta en libertad preventiva de su patrocinado, algo a lo que se ha opuesto la Audiencia hasta la fecha. Tanto esta persona como otro presunto intermediario y López son las tres únicas personas que están en prisión por estos hechos que investiga la UDYCO, en los que se pone de manifiesto las supuestas irregularidades en la adjudicación y posible venta de viviendas de promoción pública.
