Ya es oficial. La Delegación del Gobierno ha ordenado la apertura de una investigación que determine de manera fehaciente si existen responsabilidades en la fuga el pasado lunes del primer detenido por el tiroteo que ocurrió el pasado sábado frente a la Iglesia de la Barriada de San José. En nuestra edición de ayer ya dábamos cuenta de la posibilidad que existía de que el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, decidiera la apertura de la citada investigación y que sopesaba distintas soluciones en función de los informes de los que ha dispuesto encima de su mesa, tanto por parte del jefe superior de Policía como por parte del director del centro penitenciario de Los Rosales.
Una vez que por parte de la persona que se encargará de la realización de esta investigación se determinen las conclusiones, será el momento en que si hubiera existido algún tipo de negligencia por parte de los funcionarios, bien del Cuerpo Nacional de Policía o del mismo centro penitenciario, se elevarían a los órganos oportunos para la toma de decisiones.
La detención de esta persona fue llevada a cabo por agentes de las patrullas del Cuerpo Nacional de Policía, conocido popularmente como el 091, a las pocas horas de que se produjera el tiroteo y el mismo es el propietario del automóvil, un Seat Arosa, en la que iba esta persona y un acompañante, que fue el que huyó y que ahora mismo se encuentra en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía tras entregarse en la mañana de ayer en el Juzgado.
El lunes, a primera hora de la mañana, la Policía le puso a disposición judicial y por parte del Juzgado número cuatro, que es el que lleva esta causa, se decidió su ingreso en prisión acusado de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas. Fue conducido hasta la prisión de Los Rosales, pero por lo visto cuando se procedía a la entrega del detenido a los funcionarios del centro penitenciario, la puerta principal de acceso aún no se había cerrado y el detenido se echó a correr y se perdió por las calles próximas.
Rápidamente se montaron controles policiales en determinados puntos de la ciudad y se produjo un reforzamiento de los registros en la frontera del Tarajal, pero hasta la fecha ha sido imposible lograr su detención.
