Como suele ocurrir ante unas elecciones generales, reaparecen voces políticas que anuncian la quiebra inminente del sistema de pensiones y reclaman reformas acompañadas de sacrificios para los pensionistas. Son planteamientos inspirados en las teorías ultraliberales popularizadas por Hayek y Friedman. Frente a ellas, Keynes, a quien nadie podía considerar comunista, demostró que, en determinadas circunstancias de crisis y debilidad de la demanda, el gasto público puede convertirse en motor de crecimiento y desarrollo económico.
Recuerdo los tres meses que pasé en Honduras trabajando para su Ministerio de Trabajo como consultor de la Seguridad Social española. Eran tiempos de entusiasmo privatizador. Chile ya había iniciado ese camino y acabaría lamentándolo años después. Entre la documentación que manejé destacaba un trabajo elaborado para el Banco Mundial por Peter R. Orszag y Joseph E. Stiglitz: Diez mitos sobre los sistemas de Seguridad Social.
Conviene recordarlo ahora que las grandes aseguradoras vuelven a cuestionar nuestro sistema público. El informe desmontaba ideas muy extendidas: que los sistemas privados son necesariamente más rentables, que aumentan el ahorro nacional, que generan mejores incentivos laborales o que la gestión pública es intrínsecamente ineficiente. También recordaba que muchos gastos que hoy soporta la Seguridad Social deberían financiarse mediante impuestos al tratarse de prestaciones de carácter universal.
En 1997, el economista Ignacio Zubiri señalaba que la solvencia futura del sistema dependía de la evolución de la economía, de las decisiones públicas y de la propia estructura de las pensiones. Más que la natalidad o la relación entre activos y pensionistas, lo decisivo sería la capacidad de crear empleo. En términos similares, Pedro Montes, economista del Banco de España, defendía que el crecimiento de la productividad y la incorporación de recursos humanos al mercado laboral permitirían mantener e incluso mejorar las prestaciones futuras.
La explicación es sencilla. En un lado de la ecuación se encuentra el gasto: el número de pensionistas multiplicado por la pensión media. En el otro, los ingresos: las cotizaciones generadas por salarios y empleo, junto con las aportaciones del Estado destinadas a financiar costes que no corresponden estrictamente al sistema contributivo.
Por ello, la salud financiera de las pensiones depende de varias variables: la relación entre jubilados y trabajadores, el peso de los salarios en la economía, la cuantía relativa de las pensiones y el porcentaje de riqueza nacional destinado a financiarlas. Pero, sobre todo, depende del empleo y de los salarios. Y en ambos ámbitos España ha experimentado avances relevantes durante los últimos años.
Nuestro sistema es un sistema de reparto. Las cotizaciones de quienes trabajan financian las pensiones actuales. La alternativa es la capitalización, donde cada trabajador acumula un fondo que posteriormente se transforma en una renta. Pero un sistema de reparto está ligado a la evolución de toda la economía. Hablar de su quiebra equivale, en gran medida, a hablar de la quiebra del propio sistema económico. Y eso no parece un escenario razonable.
¿Significa esto que no haya que reformar las pensiones? En absoluto. Toda institución debe adaptarse a los cambios demográficos y económicos. Habrá que seguir revisando la edad de jubilación, las bases y los tipos de cotización, incorporando además los incrementos de productividad. Pero los fondos privados, en caso de desarrollarse, deben entenderse como un complemento del sistema público, nunca como un sustituto.
Porque el verdadero debate no es si debemos preservar el sistema de reparto, sino cómo fortalecerlo para garantizar su sostenibilidad y su función social en las próximas décadas.
