La ciudadanía ceutí se siente abandonada

Desde la entrada masiva de inmigrantes irregulares en Ceuta el pasado 31 de julio, he seguido la evolución de la situación con una preocupación que no es solo política. Es biográfica. Viví y trabajé en Ceuta durante más de treinta años. Conozco los lugares donde hoy se hacinan miles de personas. Algunos fueron mi hogar, como Playa Benítez. Y conozco a sus gentes. Mi trabajo como abogado, atendiendo a personas humildes, me permitió escuchar de primera mano sus necesidades, sus miedos y sus esperanzas.

Durante semanas intenté sobrellevar la tensión, apoyándome en la información que me llegaba de amigos que siguen allí. Pero mi desasosiego se disparó cuando uno de ellos, nada sospechoso de simpatías con la derecha política, me confesó, casi con lágrimas en los ojos, que se sentía abandonado por el Gobierno de España. Por su gobierno. Intenté explicarle los esfuerzos que se estaban realizando, pero el panorama que describía era desolador. Para los inmigrantes, privados de un alojamiento digno; y para los ceutíes, que veían cómo se les impedía disfrutar de algo tan elemental como pasear por sus calles o bañarse en sus playas. En estas circunstancias es difícil explicar no solo los esfuerzos del Gobierno, sino también los obstáculos deliberados que se han colocado desde una derecha y una extrema derecha envalentonadas, más pendientes de “echar al perro Sánchez de la Moncloa” que de proteger a una ciudad frágil y sobrecargada. Porque hay cuestiones que no admiten justificación: el tiempo excesivo que ha tardado el Estado en reaccionar con la contundencia necesaria. A una ciudad tan pequeña y tan vulnerable no se la puede dejar sola. O, peor aún, no se puede permitir que sus gentes perciban que se las ha dejado solas.

La sensación de abandono por parte de las autoridades nacionales no es nueva en Ceuta. Recuerdo a un amigo, ya fallecido, que me confesaba estar dispuesto a cometer actos de sabotaje para que se atendieran los intereses locales. Su sentimiento de defensa de la ciudad era superior a cualquier otra consideración. Algo parecido he escuchado estos días de un empresario ceutí que, ante los micrófonos de la prensa, llegó a afirmar que el Gobierno quería que los ceutíes “se murieran”, pero que él “iba a morir matando”. Fue uno de los que financió las pantallas gigantes para que la ciudadanía viera la entrevista del presidente Vivas en El Hormiguero y no la del presidente Sánchez en El Intermedio. El símbolo es elocuente.

Conviene recordar algunos datos jurídicos y administrativos, que se explican en algunos medios, pero no en otros. La competencia en la tutela de los menores no acompañados corresponde al Gobierno de la Ciudad Autónoma, conforme a la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y al Estatuto de Autonomía de Ceuta. Sin su autorización, no es posible trasladar a los menores a la península.

También, el Gobierno de España ofreció hace semanas el acogimiento temporal de 500 menores en centros especializados de la península, gestionados por entidades solventes. El Gobierno ceutí ha ido retrasando la operación con objeciones burocráticas que no resisten un análisis jurídico serio.

La oposición del Gobierno local, alentada por la dirección nacional del PP, a los lugares propuestos para asentamientos provisionales ha bloqueado soluciones urgentes. Estos asentamientos son imprescindibles para garantizar condiciones dignas de alojamiento, conforme a los estándares del Derecho Internacional Humanitario y a las obligaciones derivadas del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Incluso la Audiencia Nacional llegó a dictar una medida cautelarísima para impedir la ubicación provisional de algunas carpas de acogida en el Puerto de Ceuta, alegando supuestas deficiencias de Seguridad e Higiene. La resolución fue posteriormente revertida, evidenciando la inconsistencia de los argumentos.

A todo ello se suma el empeño de la derecha y la extrema derecha en forzar un conflicto diplomático con Marruecos, pese a que cuando gobernaron evitaron cuidadosamente ese enfrentamiento. Ahora vale todo con tal de desgastar al Gobierno, incluso aplaudir los exabruptos de ciertos comunicadores que han convertido la política en un espectáculo de odio.

En definitiva, Ceuta se ha convertido en un instrumento político, un juguete en manos de quienes buscan rédito electoral mientras las encuestas detecten desgaste. Pero lo verdaderamente grave no es la estrategia partidista ni las maniobras en Bruselas para empañar la imagen del Gobierno de España. Lo grave es lo que me confesó mi amigo: la ciudadanía ceutí se siente abandonada.

Ese sentimiento, cuando se instala, es devastador. Y la situación real de la ciudad, sus calles, sus playas, sus barrios, sus servicios públicos desbordados, exige respuestas rápidas, coordinadas y valientes. No propaganda. No excusas. No pantallas gigantes.

Después de contemplar las imágenes del pasado viernes, de cientos de emigrantes intentar obtener plaza en los asentamientos del Puerto de Ceuta, podemos darnos cuenta de la magnitud de la tragedia con mayor exactitud. Pero también podemos percatarnos de la mala intencionalidad de los líderes del PP (Feijóo) y de Vox (Abascal), intentando culpar a los inmigrantes de proceder contra la policía, criminalizándolos, y de volver a insistir en la ilegal y peregrina idea de que se les devuelva a todos a las bravas.

Evidentemente, si no colaboramos todos, gobierno y oposición, en solucionar el problema, va a ser muy difícil que se normalice la situación en Ceuta. Quizás sea esto lo que conviene a gobernantes gamberros, como Trump o Netanyahu, o a sus palmeros en nuestro país.