La Ciudad Autónoma de Ceuta dará un paso más en el ámbito judicial tras la entrada masiva de inmigrantes registrada a finales de julio y se personará como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional para esclarecer las circunstancias que rodearon la llegada irregular de decenas de miles de inmigrantes a través de la frontera del Tarajal.
Según ha podido conocer El Faro, el Ejecutivo local entiende que la institución es una de las partes directamente afectadas por unos hechos que tuvieron un profundo impacto en la seguridad, los servicios públicos, la economía y la vida cotidiana de la ciudad.
Por ello, defenderá en el procedimiento los derechos de las víctimas, representadas en este caso por el conjunto del pueblo de Ceuta.
El acuerdo fue adoptado este jueves por el Consejo de Gobierno en una reunión extraordinaria, autorizando la personación de la Ciudad como acusación particular en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional.
La Ciudad entra en una causa de máxima relevancia
La iniciativa del Gobierno local se produce en un momento clave de la investigación que dirige la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón y coincide con la decisión del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, de asumir personalmente el control del expediente.
Tal y como trascendió este jueves, Alonso será el encargado de elaborar el informe sobre la competencia de la Audiencia Nacional y sobre la admisión a trámite de la querella presentada por Iustitia Europa, una causa que analiza posibles delitos contra la integridad del Estado relacionados con los acontecimientos ocurridos en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
La intervención directa del máximo responsable de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha sido interpretada como una muestra de la relevancia institucional y jurídica que ha adquirido el procedimiento, que cuenta además con el seguimiento de la Fiscalía General del Estado.
Ceuta se considera una de las perjudicadas
Desde el Gobierno local se entiende que los hechos investigados no solo afectaron al control fronterizo, sino que tuvieron consecuencias directas sobre la propia Ciudad Autónoma y sobre los ciudadanos ceutíes.
La personación como acusación particular permitirá a la Administración local intervenir activamente en el procedimiento, acceder a las actuaciones, proponer diligencias y velar por la defensa de los intereses generales de Ceuta durante la instrucción de la causa.
La medida busca además reforzar la posición institucional de la ciudad en un proceso judicial que podría marcar un precedente respecto a la consideración jurídica de los acontecimientos vividos durante la mayor entrada irregular de inmigrantes registrada en la frontera sur española.
La Ciudad reclama responsabilidades por los perjuicios sufridos
El acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno sostiene que los hechos investigados habrían afectado de forma directa y grave a bienes e intereses públicos de la Ciudad.
En concreto, señala las consecuencias que la entrada masiva de inmigrantes tuvo sobre el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales, la seguridad y la tranquilidad ciudadanas, así como sobre el sistema de protección y tutela de menores inmigrantes no acompañados.
La Administración local considera que estos perjuicios justifican su personación como acusación particular en el procedimiento que instruye la Audiencia Nacional.
Con esta decisión, la Ciudad podrá defender sus intereses institucionales, solicitar una adecuada valoración de los daños ocasionados y promover, en su caso, la exigencia de las responsabilidades penales y civiles que pudieran derivarse de los hechos que se investigan.
A la espera de nuevos informes
La investigación continúa avanzando con la incorporación de nuevos elementos de prueba. Entre ellos figura el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional, que analiza el papel desempeñado por las fuerzas de seguridad marroquíes durante la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.
Asimismo, la jueza espera recibir el informe solicitado al Servicio de Información de la Guardia Civil antes de que la Fiscalía fije definitivamente su posición sobre la competencia de la Audiencia Nacional y sobre la viabilidad de la querella.
Con la personación de la Ciudad Autónoma, la causa suma ahora un nuevo actor institucional en un procedimiento que continúa ganando relevancia jurídica y política conforme avanzan las diligencias y mientras se esclarecen las responsabilidades derivadas de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta.
