La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha trasladado el malestar de numerosas familias de militares residentes en la barriada de Otero, en Ceuta. El motivo de la alarma es la intención de utilizar un local de titularidad del Ministerio de Defensa para alojar a inmigrantes que accedieron a nado a la ciudad en la entrada masiva de finales de julio y que actualmente se encuentran en la vía pública.
Según lo que explica ATME, este inmueble está ubicado junto a las viviendas asignadas al personal de tropa, marinería y suboficiales, lo que ha generado una profunda sensación de inseguridad entre los residentes de la zona.
De hecho, la situación motivó una protesta hace apenas un día, que agrupó a unas 300 personas que se concentraron en la zona de O’Donell convocados por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) ante la preocupación trasladada por los residentes de las barriadas próximas.

Riesgos de seguridad y movilización de las familias afectadas
De acuerdo con lo que denuncian los afectados, la nave en cuestión cuenta con un patio exterior desde el cual, mediante escaleras u otros medios, se podría acceder directamente a las ventanas de las viviendas donde descansan menores de edad. Esta situación ha provocado que muchos padres restrinjan los movimientos de sus hijos en las inmediaciones de los edificios por temor a incidentes.
Como señal de protesta, las familias se concentraron frente al antiguo edificio militar para mostrar su desaprobación ante una medida que consideran que pone en peligro su integridad y la de sus hijos e hijas.
ATME exige alternativas al Ministerio de Defensa
Ante estos hechos, ATME ha solicitado por escrito al Ministerio de Defensa explicaciones urgentes sobre los criterios seguidos para autorizar este uso. La asociación cuestiona por qué se ha elegido este local situado junto a viviendas familiares en lugar de utilizar otras instalaciones como el antiguo Hospital Militar de Ceuta, que inicialmente parecía ser la opción propuesta.
La organización reclama conocer qué autoridad ha autorizado el uso del inmueble, si se ha realizado una valoración del impacto entre las familias residentes y qué medidas de seguridad se han previsto para garantizar que no exista riesgo alguno para los militares y sus familias.
Finalmente, la asociación considera imprescindible que se aclare por qué no se están empleando instalaciones más adecuadas para la acogida que no interfieran con la vida diaria de las familias del personal militar en la ciudad autónoma.






