La incapacidad temporal no es un privilegio ni un exceso: es un mecanismo de protección social que debe durar exactamente lo necesario para recuperar la salud, ni un día más ni un día menos.
Ceuta no sufre una simple falta de médicos. Lo que padece es algo más profundo y más incómodo de reconocer: un modelo sanitario que no está diseñado para sostenerse en un territorio como el nuestro.
Durante años se ha instalado una idea simplista: faltan médicos. Pero esa explicación, siendo cierta, es insuficiente. Porque si Ceuta se ha convertido en un territorio de difícil cobertura para profesionales del INGESA no es por casualidad, ni únicamente por su ubicación geográfica. Es porque el sistema, tal y como está diseñado, no resulta atractivo ni sostenible para quienes tienen que trabajar en él.
En los últimos años, los datos han sido reiterados por colegios profesionales, prensa local y hasta por la propia administración: menos médicos por habitante que la media nacional, déficit estructural de especialistas, sobrecarga en Atención Primaria y una dependencia constante de derivaciones. Pero reducir el problema a una cuestión de cifras sería un error. Porque el problema no es solo cuántos médicos faltan, sino por qué no conseguimos que se queden.
Se ha insistido en que en Ceuta se ofrecen salarios competitivos. Y es cierto. Pero también es insuficiente. Porque ningún profesional sanitario toma una decisión de vida únicamente en función del sueldo. Influyen —y mucho— las condiciones de trabajo, la estabilidad de los equipos, la carga asistencial, las posibilidades de desarrollo profesional y la calidad del entorno en el que se ejerce la medicina.
Hoy, muchos profesionales perciben Ceuta como un destino de paso, no como un proyecto de futuro. Plantillas incompletas, rotación constante, sobrecarga estructural y escasas oportunidades de crecimiento terminan generando un círculo vicioso: cuanto más inestable es el sistema, menos atractivo resulta; y cuanto menos atractivo resulta, más difícil es estabilizarlo.
Pero este problema tiene también una dimensión política que no se puede obviar.
En 2023 se aprobó el Real Decreto 118/2023, que abría la puerta a declarar determinados puestos sanitarios como de difícil cobertura. Una herramienta pensada precisamente para territorios como Ceuta y Melilla. Sin embargo, a día de hoy, el Ministerio de Sanidad no está aplicando esta posibilidad en nuestra ciudad.
Desde UGT Ceuta y UGT Melilla impulsamos una recogida de firmas para que esta declaración se extendiera a todos los profesionales del INGESA, teniendo en cuenta la singularidad de estos territorios. Estas firmas fueron remitidas al Defensor del Pueblo, a la Delegación del Gobierno y al propio INGESA. La única respuesta obtenida fue la del Defensor del Pueblo, que dejó claro que la competencia corresponde al Ministerio de Sanidad.
Es decir, existe el instrumento legal, existe la necesidad objetiva y existe la demanda social. Lo que falta es voluntad para aplicarlo.
Pero hay una derivada de este problema que rara vez se aborda con la claridad que merece: el impacto en la vida real de las personas trabajadoras.
Tal y como viene señalando UGT, el incremento de las bajas laborales no puede analizarse únicamente desde el control o el presunto uso indebido, sino desde un hecho evidente: la falta de inversión y de capacidad de respuesta del sistema sanitario público está detrás del aumento y, sobre todo, de la duración de los procesos.
En Ceuta, esta realidad se agrava por la escasez de profesionales en la Inspección Médica de la Seguridad Social y en los servicios del IMSERSO, lo que ralentiza altas médicas, revisiones y valoraciones de discapacidades. A ello se suma el cuello de botella de las listas de espera para especialistas y pruebas diagnósticas. Sin diagnóstico, no hay tratamiento; y sin tratamiento, las incapacidades temporales se prolongan.
Y conviene decirlo alto y claro: no estamos ante un abuso generalizado de las bajas laborales. Ese discurso, además de injusto, es profundamente erróneo. Confunde causa y consecuencia. El problema no es que haya más bajas, sino que el sistema tarda más en resolverlas.
Pero el problema no termina ahí.
Hay una derivada de este problema que rara vez se aborda con la claridad que merece: el impacto transversal en servicios públicos clave más allá de la asistencia sanitaria directa. Porque la falta de médicos en Ceuta no solo afecta a hospitales y centros de salud, sino también a estructuras esenciales del Estado.
Existe un déficit de médicos en Instituciones Penitenciarias, con plantillas próximas a la jubilación y sin relevo generacional. Lo mismo ocurre en los juzgados con la medicina legal y forense, donde la falta de profesionales introduce retrasos en valoraciones que dependen directamente de informes médicos. Faltan profesionales en ISM, Ministerio de Educación…
Estamos, por tanto, ante un fallo sistémico que atraviesa distintos ámbitos del Servicio Público.
Las consecuencias son evidentes: procesos de incapacidad que se alargan más de lo necesario, incertidumbre en las empresas, atención sanitaria limitada en determinados ámbitos y retrasos en servicios esenciales.
Reducir este debate a una cuestión de gasto o de control es, sencillamente, no entender nada.
La incapacidad temporal no es un privilegio ni un exceso: es un mecanismo de protección social que debe durar exactamente lo necesario para recuperar la salud, ni un día más ni un día menos.
Por eso, abordar el déficit de médicos en Ceuta exige una mirada más amplia y valiente. No se trata solo de reforzar la asistencia sanitaria directa, sino de garantizar que todos los ámbitos donde la medicina es clave —Inspección Médica, IMSERSO, Instituciones Penitenciarias y Medicina legal y forense— cuenten con los recursos necesarios.
La solución no pasa únicamente por “traer más médicos”, sino por cambiar las reglas del juego. Es imprescindible planificar a medio y largo plazo conforme a las necesidades reales; diseñar incentivos que vayan más allá de lo económico, incorporando carrera profesional, formación y reconocimiento; estabilizar las plantillas para acabar con la precariedad estructural; y dotar de mayor autonomía de gestión al ámbito local. Que todo lo que dependa de “Madrid” nos atrasa la gestión, no es ágil.
Igualmente, resulta clave reforzar la Atención Primaria y reducir las listas de espera en especializada y pruebas diagnósticas. Sin diagnósticos ágiles, no hay altas médicas posibles.
Ceuta no puede resignarse a ser un territorio permanentemente en déficit sanitario. Tiene que convertirse en un destino profesional atractivo, digno y estable. Y eso no se logra con medidas aisladas ni con discursos coyunturales, sino con una estrategia seria, sostenida y valiente.
Porque, en el fondo, el problema no es que falten médicos. El problema es que el sistema, tal y como está concebido hoy, no está pensado para que quieran quedarse.
