Lo que está planteando Sanidad Animal no es una simple reubicación de gatos. Es, si se confirma, una actuación temeraria que roza el incumplimiento directo de la ley 7/ 2023 de Bienestar Animal y que podría acabar, como ya advierten expertos y colectivos, en los juzgados.
Porque conviene decirlo sin rodeos: mover colonias felinas sin protocolo, sin planificación y sin garantías no es gestión, es irresponsabilidad.
Las colonias afectadas, las cuales quieren cambiar de sitio, supuestamente son la que está cerca del restaurante Oasis, Cementerio, Punta Blanca, alguna de la zona del Sarchal, Playa del Corrillo, Paseo Colón y de uno de los Miradores del Hacho. Estos gatos que quieren trasladar de sitio no son un problema que se pueda hacer como si fueran mobiliario urbano. Son ecosistemas estables, gatos comunitarios que tienen su territorio cuya supervivencia depende precisamente de permanecer en su entorno. Desplazarlas hacia otra colonia en un principio conlleva una falta administrativa grave, así como un maltrato animal y abandono. Que se agarren bien los que firmen y ejecuten esos traslados de la forma que supuestamente pretendes hacerlo, porque van a tener problemas muy serios.
Preguntas sin respuesta (y cada una más preocupante)
¿A dónde van esos gatos?
¿Quién ha decidido que pueden ser desplazados sin más?
¿Se pretende soltarlos en otras colonias ya saturadas?
¿Quién asumirá las peleas, la desorientación y las muertes que vendrán después?
Porque eso es lo que ocurre cuando se hacen las cosas mal: los gatos intentan volver, cruzan carreteras, se desorientan y mueren. No es una hipótesis, es algo documentado y conocido por cualquiera que trabaje con colonias felinas.
El abandono institucional
Resulta especialmente grave que esta iniciativa parta de un área que, según denuncian cuidadores, ni siquiera cuenta con una red sólida de gestión de colonias ni ofrece apoyo real a quienes las mantienen día a día.
Se pretende, una vez más, trasladar la carga a voluntarios: personas que ya sostienen el sistema sin recursos, sin respaldo y, en muchos casos, sin reconocimiento.
¿También tendrán que asumir ahora las consecuencias de decisiones que no han tomado?
La ley no deja lugar a dudas
La Ley 7/2023 de Bienestar Animal no es una recomendación. Es de obligado cumplimiento. Y establece con claridad que:
Las colonias deben gestionarse mediante programas estructurados.
Debe aplicarse el método CER.
Los animales deben permanecer en su entorno salvo causa justificada.
Y, sobre todo, cualquier traslado debe hacerse con garantías estrictas de bienestar.
Mover gatos sin cumplir estos requisitos no es un error administrativo: puede constituir una infracción grave o muy grave, e incluso abrir la puerta a responsabilidades por maltrato o abandono.
Firmar esto tiene consecuencias
Aquí hay una cuestión clave que alguien debería plantearse seriamente: ¿quién va a firmar esta decisión?
Porque quien lo haga no solo estará avalando una actuación cuestionable. Estará asumiendo posibles sanciones, responsabilidades legales y una exposición pública que, en el contexto actual, es inmediata.
Hoy cualquier actuación irregular en materia de bienestar animal trasciende lo local. Salta a medios, redes sociales y opinión pública en cuestión de horas.
No es gestión, es un retroceso
España ha avanzado —al menos sobre el papel— hacia un modelo de gestión ética de colonias felinas. Volver ahora a prácticas improvisadas no solo contradice la ley, sino que nos devuelve a un escenario que ya ha demostrado ser ineficaz y cruel.
Si Sanidad Animal quiere actuar, que lo haga bien: con planificación, con recursos, con transparencia y dentro de la legalidad.
Todo lo demás no es gestión. Es un problema mayor en camino.
