Todos sabíamos, y así lo hemos denunciado CCOO en reiteradas ocasiones, que el clasismo del Ministerio de Justicia no tiene límites.
Pero una cosa es ser clasista y otra, bien diferente, es ser poco menos que esclavista y encima hacer gala de ello.
Todos hemos leído en ya demasiadas ocasiones que el Ministerio de Justicia impulsa la creación de 500 nuevas plazas judiciales y 200 de fiscales en 2026, destacándolo como un avance histórico para mejorar la eficiencia del sistema. Las 500 plazas judiciales se distribuyen en 363 en Secciones de Tribunales de Instancia, 2 en el Tribunal Central de Instancia, 85 plazas de magistrados/as en órganos colegiados (incluyendo Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, TSJ y Audiencias Provinciales) y 50 plazas de jueces o juezas de adscripción territorial. Pero, además aprovechan para extender la jurisdicción de determinadas Secciones de Violencia sobre la Mujer a varios partidos judiciales (Cartagena → San Javier, Lorca → Totana, Badalona → Santa Coloma de Gramenet).
Sí, se crean plazas judiciales y fiscales… pero no se refuerzan en la misma medida al resto de cuerpos que hacen funcionar la Justicia en unas oficinas judiciales y fiscales ya sobrecargadas, si no saturadas. Un/a juez/a sin equipo es un cuello de botella, no una solución. Sin el resto de cuerpos los procedimientos no avanzan, los expedientes no se tramitan, las resoluciones no se ejecutan.
La conclusión de cómo el señor Bolaños y el resto de su equipo ministerial pretende alcanzar la tan loada eficiencia y eficacia de la administración de justicia es clara y meridiana: a base de exprimir hasta la médula a un personal ya absolutamente saturado, amén de ninguneado y despreciado.
Podría aquí pensarse que CCOO, puesto que somos el único sindicato que no avalamos con nuestra firma la implantación de esta nefasta Ley de Eficiencia organizativa -como sí hicieron STAJ, CSIF, UGT y CIG- somos unos catastrofistas y que la intención real de la administración sí que es incrementar también la plantilla del resto de cuerpos... OJALÁ!!! Pero os aseguramos que lamentablemente no será así...
Según el propio Ministerio de Justicia hizo público en su web (aquí), el nuevo modelo les permite crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 €, cuando crear un juzgado tradicional, en cambio, costaba alrededor de 500.000 €. Alguien se puede imaginar de dónde sale ese ahorro??? Acaso a estos nuevos 500 jueces les van a pagar sólo una quinta parte de sus retribuciones??? Podemos imaginar numerosas frases ingeniosas e irónicas, pero por desgracia la situación es lo suficientemente grave como para evitar bromas al respecto.
Se vanaglorian de que la planta judicial se amplía un 8,5% en un año. Bien, no lo rebatiremos. Eso sí, lo que queremos decir bien alto y claro es que por la misma regla de tres deberían paralelamente crearse un mínimo de 4250 plazas del resto de cuerpos generales y especiales, que es el resultado de aplicar este mismo porcentaje a una plantilla de aproximadamente 50000 personas, y nos quedamos cortos. Algún ingenuo o ingenua se cree que el señor Bolaños y sus colegas de las Consejerías de Justicia de las CCAA transferidas van a sumar estas 4250 plazas a la Oferta de Empleo Público que correspondería por la simple reposición las vacantes generadas (jubilaciones, renuncias, defunciones...)???
Nada más lejos de la realidad. La verdadera intención de la Administración es exprimir aún más si cabe a un personal que ya está absolutamente sobrepasado; que sufre la infradotación de medios tanto humanos como materiales de la administración de justicia; a ese mismo personal que son los únicos que dan la cara ante los profesionales y la ciudadanía por el mal funcionamiento de una administración que -al menos teóricamente- debería ser uno de los pilares del estado del derecho.
Su famosa Ley de Eficiencia se traduce en un abaratamiento del sistema, trasladando el coste a la sobrecarga del personal existente.
