En las últimas semanas políticas, periodistas o feministas han denunciado campañas de acoso, amenazas e intimidación contra ellas. Estos hechos forman parte de la violencia digital que fomentan ciertos sectores para asustar a estas profesionales y de paso mandar un recado a las que piensen incorporarse a estos movimientos.
No se tratan de hechos aislados y, mucho menos, de no estar debidamente premeditados, se trata de expulsar del espacio público a mujeres de izquierdas o feministas para acabar con discursos incómodos y denuncias públicas que preocupan a los de la banderita. Son los mismos chulos de siempre, los mismos violentos con distintos nombres, son los cachorros de los que todos conocemos.
Que se produzcan estas amenazas estaba en las cabezas de estas mujeres, me refiero a Laura Arroyo, Cristina Fallarás, Rita Maestre, Sarah Santaolalla o Irene Montero, entre otras, porque siempre habrá fascistas y machistas dispuestos a insultar o amenazar a todas las mujeres que no piensen como ellos. Lo que no está en las cabezas de estas mujeres es el silencio cómplice de los políticos que no salen a condenar estos comportamientos, mejor dicho, estos delitos.
Detrás de cada silencio cómplice hay una causa, algunos no condenan, porque son parte del problema o mejor dicho son el problema; otros, porque sin estar de acuerdo con estos comportamientos pueden perder influencia en su electorado y apuestan más por el voto que por condenar la violencia y defender la democracia. En definitiva, la respuesta a estas amenazas es insuficiente o muy ambigua por la clase política y la mayoría de sus señorías evitan denunciar con claridad estos ataques y los ponen en evidencia ante la sociedad por su cobardía cómplice.
Pero hay casos y casos y la denuncia de Sarah Santaolalla reclamando protección por la campaña de amenazas de muerte, persecuciones, señalamiento domicilio, filtración de datos personales y agresión física debería tener una respuesta contundente de la clase política en su conjunto no sólo para proteger a la analista política, también para proteger a la democracia de estos elementos distorsionadores de la paz social.
Sé que no habrá ninguna respuesta y que las amenazas no buscan intimidar a este grupo de mujeres, su objetivo es más amplio, tratan de crear un clima de miedo que impida a otras mujeres participar en la vida pública. Ese es su objetivo y lo están consiguiendo con la ayuda estimable del silencio cómplice de los que día a día decepcionan a los ciudadanos.
