En 2013 publiqué un artículo titulado “El maquinista”, escrito tras el accidente del 24 de julio de ese año, cuando un tren Alvia que viajaba de Madrid a Ferrol descarriló en la curva de A Grandeira (Angrois), muy cerca de Santiago de Compostela. El siniestro causó 80 muertos y 144 heridos, convirtiéndose en uno de los accidentes ferroviarios más graves de la España reciente.
El tren circulaba a 191 km/h en un tramo limitado a 80 km/h. La investigación concluyó que el accidente se debió a varios factores: el exceso de velocidad, la distracción del maquinista por una llamada laboral y la ausencia de sistemas automáticos de seguridad, ya que el ERTMS, capaz de frenar el tren de forma autónoma, estaba desactivado en ese punto.
El caso abrió un debate nacional sobre la seguridad ferroviaria, la gestión del riesgo y la responsabilidad institucional. Años después, la justicia determinó que hubo negligencia profesional tanto por parte del maquinista como del responsable de seguridad de Adif. El accidente dejó una profunda huella en Galicia y en toda España, y motivó cambios en los protocolos de supervisión y seguridad.
Para mí, como para la inmensa mayoría de la ciudadanía, en aquel momento lo de menos era el signo político del Gobierno. La principal preocupación eran los fallecidos y los heridos. Por supuesto, también las causas. Sobre todo, porque de una investigación rigurosa de las mismas se derivarían mejoras en uno de los transportes más cómodos y seguros que existen. Hice una defensa cerrada del maquinista. Manifesté que situar el final de un tramo de alta velocidad en una curva de casi 180 grados, sin apenas señalización, y sin controles automáticos de frenado apropiados a las nuevas tecnologías de los trenes que circulan por estas vías, era una irresponsabilidad, casi criminal, con solo aplicar el principio jurídico de la “culpa in vigilando”. El maquinista ya pagó un precio altísimo.
El pasado domingo, 18 de enero de 2026, ocurrió otro trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), cuando dos trenes, un Iryo que circulaba entre Málaga y Madrid y un Alvia que viajaba de Madrid a Huelva, colisionaron tras un doble descarrilamiento. El siniestro ha dejado decenas de fallecidos y más de un centenar de heridos, convirtiéndose en uno de los accidentes ferroviarios más graves en España en las últimas décadas. En este caso se descarta el fallo humano o el exceso de velocidad como causas.
La investigación del accidente ferroviario de Adamuz apunta, en sus últimas conclusiones preliminares, a una fractura previa de la vía como causa más probable del descarrilamiento del tren Iryo, El informe final determinará si la rotura fue causada por fatiga del material, defecto de mantenimiento o fallo puntual, aunque desde el Ministerio se insiste en que este mantenimiento y supervisión se había realizado conforme a los protocolos y la normativa europea. La fatídica coincidencia del descarrilamiento justo en el momento que cruzaba otro tren lo ha convertido en una tragedia. A esto se han sumado otros incidentes recientes: la caída de un muro de contención sobre un tren de cercanías en Barcelona, que causó la muerte del conductor, y la invasión de la vía por una grúa en Albacete, que provocó varios heridos. Todo ello ha alimentado la polémica.
Como ya decía en 2013, soy usuario habitual del tren y lo seguiré siendo. Es un medio seguro, limpio y tranquilo. Me permite leer, trabajar, descansar o disfrutar del paisaje. He visto cómo ha evolucionado nuestra red ferroviaria y la he comparado con la de otros países, como Reino Unido tras la privatización o Estados Unidos, dominado por el coche privado. En ese terreno, España está claramente por delante, y eso sí es progreso económico y sostenible.
En su día me parecía inconcebible que la seguridad dependiera únicamente del maquinista para reducir la velocidad en un punto crítico. Y hoy tampoco puedo imaginar que el mantenimiento y la supervisión de las infraestructuras recaigan solo en los nuevos maquinistas, por valiosas que sean sus observaciones. Afortunadamente, existe un sistema complejo de supervisión que garantiza la seguridad. Y una creciente inversión en su mantenimiento, después de años de abandono. La sociedad española ha aprendido de tragedias como Angrois o Adamuz, pero su uso político solo degrada el debate.
La borrasca Ingrid está generando el mismo patrón de siempre. La DGT aplica restricciones para evitar accidentes y las patronales critican el impacto en el transporte y el abastecimiento. Se repite el dilema: si se toman medidas preventivas, molestan; si no se toman y ocurre una desgracia, se acusa de negligencia. En cuestiones de seguridad, la prudencia suele ser la opción menos mala. Pero también sería deseable que la clase política aplicara el principio de los sabios: no decir todo lo que piensan, pero pensar todo lo que dicen.
