{jaimage crop="TC" /}La Policía Local. Ahí está el problema. Uno de ellos al menos. Cuántas horas extra sin más sueldo habrá que hacer para volver a cobrar íntegra la ‘especial’ y cómo asegurarse de que todos los agentes las hagan para que el Gobierno local acepte volver a pagar íntegro el complemento por trabajar 40 horas semanales sin que el resto de empleados públicos se sientan maltratados. En museos, cementerios y demás servicios ya había acuerdos particulares que permitían esa posibilidad antes de que FSP-UGT bloquease cualquier posibilidad que no fuese de aplicación para todas las áreas con ese régimen horario.
En el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), cuyo jefe ha liderado junto a Juan Vivas los esfuerzos para corregir el recorte al 50% del plus, que supondrá la pérdida de entre cien y doscientos euros en la nómina de agosto, el acuerdo también es más que factible merced al ajuste de turnos en verano y al compromiso expreso de renunciar a la posibilidad de que ningún bombero coja vacaciones en Semana Santa y Feria.
Para la Policía Local se plantea un acuerdo similar, pero los propios agentes desconfían del Cuerpo, de que todos vayan a trabajar los festivos que deben (algunos ni siquiera disponen de las herramientas necesarias para hacerlo) y de que los responsables del servicio vayan a ser justos en la ejecución práctica de cualquier acuerdo.
Por eso, en sus últimos contactos, el Ejecutivo se ha esmerado en buscar todos los recursos posibles de control de la realización de las horas extraordinarias que acaben determinándose, si se alcanza un pacto.
Ahí está el otro punto de fricción entre la Administración y los representantes de los trabajadores. Las primeras conversaciones alrededor de este asunto partieron de la necesidad de que quienes ya trabajan 40 horas por semana tuviesen que hacer un volumen extra de 110 al año en bruto, el equivalente a las 2,5 más que, en cómputo anual, deben hacer todos los empleados públicos tras la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado de este ejercicio.
Cuando estuvieron a punto de ponerse de acuerdo, durante la última semana de julio, el consejero de Recursos Humanos y las centrales rebajaron ese total a seis festivos teniendo en cuenta que cada jornada de trabajo en fechas señaladas computa por triplicado.
Además, los sindicatos y el Ejecutivo local tantearon la posibilidad de que esas jornadas sin retribución añadida pudiesen compensarse por horas de formación, una forma de rebajar el “sacrificio” que se pide al colectivo afectado para no perder la mitad de la ‘especial’.
El centro de la negociación está ahora en hasta dónde se puede seguir reduciendo ese “sacrificio”. El Ejecutivo local reconoce que hay que valorar el hecho de que servicios tan importantes y con tantos trabajadores como la Policía Local y los bomberos estén dispuestos a renunciar a sus vacaciones en determinados periodos del año en los que hay que hacer servicios extraordinarios que no tendrían coste para la Administración, pero no a cambio de dejar las jornadas reales a realizar en una o dos, por mucho que valgan por tres.
Desde el principio, el Gobierno de Vivas ha defendido que es una máxima irrenunciable la de no discriminar a los funcionarios. Si unos tienen que hacer 2,5 horas más por semana en sus puestos, el resto, si quieren seguir cobrando lo mismo, también.
O un poco menos, pero “no una décima parte”, según fuentes sindicales, (una jornada completa extra a lo largo del año de media por trabajador), por lo que el último planteamiento de FSP-UGT estuvo a punto de dar al traste con las negociaciones abiertas apenas unas horas después de que, este viernes, el Consejo de Gobierno autorizase oficialmente a Martínez a continuar con los contactos “informales” que se han venido mantenimiento con las centrales y los propios trabajadores y sus mandos desde primeros de agosto.
