Lo recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado: no hay medios y las narcolanchas campan a sus anchas. De trasfondo, de nuevo, las quejas por la desaparición del OCON-Sur. Aquella unidad funcionaba, pero su desaparición nunca fue aclarada del todo por el Ministerio del Interior. Terminó envuelta en un escándalo con demasiadas aristas.
Los fiscales hablan de “menor presión policial”, también de “proliferación escandalosa” de este tipo de embarcaciones. Y no es la primera vez que lo cuentan, las memorias previas a la difundida ayer ponen el foco en esta misma situación sin que se hayan adoptados soluciones eficientes.
Tras esa crecida del narco hay inseguridad, hay riesgo y tragedias. Lo hemos visto con el crimen de Barbate y en la cantidad de personas que han muerto arrolladas en plena fuga con estas embarcaciones. Se ha montado una logística imposible de combatir y empeorará con el tiempo si las advertencias no se atienden, si las reclamaciones caen en saco roto como está sucediendo.
Un Estado debe tener medios suficientes, no asomar como un débil ante las redes que fomentan el tráfico de todo tipo de drogas y se hacen fuertes sabiendo que la merma a sus negocios va a ser mínima, irrisoria.
Los fiscales se ven atrapados en un callejón sin salida, la justicia no tiene las armas y la fuerza suficiente como para erradicar una estructura que cada vez goza de mayor protección.
Urgen no solo medios, también medidas legales y reformas para que quienes están vinculados a estas prácticas no salgan victoriosos y sigan riéndose gracias a las lagunas que asoman en torno al narcotráfico a gran escala.
Las memorias de la Fiscalía hay que leerlas, entenderlas, pero, sobre todo, analizarlas. No son un mero paripé, son las alertas a un Estado que tiene la obligación de reaccionar.
