El debate está servido. La sentencia dictada por la Audiencia de Ceuta, al condenar a 35 años y medio de prisión a un agente de la Policía Local por el asesinato de su pareja mientras este se encontraba de servicio, ha puesto el foco en los controles que se llevan a cabo sobre policías locales.
Y lo ha puesto después de que la Ciudad haya sido condenada como responsable civil subsidiaria.
La resolución sobre este asunto, que fue adelantada por El Faro, trae a colación el crimen perpetrado por un agente de la Policía Local que, estando de servicio, abandonó su puesto de trabajo para, arma en mano, terminar asesinando a su mujer en el hogar compartido en Parques de Ceuta.
“Por más vueltas que se le dé a este hecho tan lamentable, por más titulares que se acumulen sobre casos similares, por más análisis que ofrezcan los expertos en torno a los factores que puedan concurrir en este tipo de sucesos, resulta imposible asumir una tragedia así”, señalan desde el Movimiento por la Dignidad de la Ciudad (MDyC).
Se trata de “una tragedia que golpea de lleno a la sociedad ceutí, y que obliga a cuestionarse no solo sus consecuencias, sino también sus causas”.
La formación insta a la Ciudad a no recurrir esa sentencia y a trabajar para reforzar los mecanismos de control.
La “absoluta desidia” sobre la que alertó la Audiencia
Los localistas ponen de manifiesto que esta sentencia no solo concluye con la condena a la Ciudad a pagar 875.000 euros como responsable civil subsidiaria, sino que también arroja la consideración de la existencia de una “absoluta desidia existente en este extremo por parte de los mandos de la Policía Local de Ceuta y los órganos correspondientes de la administración local a pesar del riesgo que conlleva el porte de armas agravado, en este supuesto, por los antecedentes conductuales del acusado”.
“Nosotros, al igual que la ciudadanía, sí entendemos que la Ciudad tiene que responder ante este hecho, lo que no se entiende es que tenga que pagarse de los bolsillos toda una cadena de errores, más aún cuando hay armas reglamentarias de por medio. Errores que, en este caso, han tenido consecuencias irreparables”, añaden desde la formación localista.
“Algo que ya reclamaron en sede plenaria cuando el Ejecutivo incluyó, mediante una enmienda al Primer Expediente de Modificación Presupuestaria, una partida de 600.000 euros destinada a sentencias judiciales, situaciones extraordinarias y contingencias: una previsión que, lejos de tranquilizar, evidencia que se conocía la gravedad del asunto”.
Inexistencia de controles
La sentencia sobre este hecho, cuya partida ni siquiera estaba contemplada en el Presupuesto de 2025, deja al descubierto en sus conclusiones algo tan grave como la “inexistencia de controles sobre los miembros de la Policía Local en los últimos años, las inadecuadas fórmulas para controlar la salud física y mental de los mismos al estar basadas en la propia información facilitada por los interesados; la falta de control en el momento de los hechos sobre las armas facilitadas a los policías locales”.
Por ello, desde el MDyC instan a la Ciudad a no recurrir a la sentencia y a reforzar los mecanismos de control.
Y digo yo como ciudadano de la ciudad y de este país.
¿ Que control hay en el acceso a los escaños políticos y si en el caso que salgan como consejeros?.
Aquí hay una dejadez tremendo, entra locos en la policía como ladrones y corruptos en la política, así que vamos a limpiar nuestra casa antes de señalar a la de otros.
Un test sicológico y una analítica completa no vendría mal una vez al año.
Lo primero que tiene que hacer la Administración es crear los puestos de Psicólogos especializados en el área de Prevención de Riesgos Laborales, que no los tiene, y que se dediquen a evaluar, no solo a policías, sino a educadores, bomberos, etc, o bien, contratar dichos servicios de manera externa; la ciudad debe de tener un Servicio de Prevención potente, que deje al descubierto a los caraduras que no paran de coger bajas médicas y abra expedientes sancionadores a los sinvergüenzas, imponga sanciones o bien remita informes a la Seguridad Social por fraude para jubilarlos; y no solo eso, debería ser obligatorio para todo el personal de la ciudad, y en especial policías, bomberos, educadores, ayudantes y monitores educativos, pasar test antidrogas, alguna que otra sorpresa nos llevaríamos; actualmente hay varios casos en la Administración local de personal a su servicio que no está bien de la azotea, otros caraduras (que son muchos) que no paran de coger bajas por enfermedad, que se incorpora al trabajo para coger sus vacaciones, volviendo a coger la baja posteriormente, y así un año y otro y otro y otro, defraudando a la Administración y al contribuyente; Sr. Vivas tiene que actuar ya, de inmediato, y dejar de tener miedo a las barrigas agradecidas de los sindicatos o de lo que puedan decir o no en prensa, estas situaciones no se tienen que volver a producir; esta sentencia la pagamos todos con nuestro impuestos, aunque eso es lo de menos, lo más grave ha sido la pérdida de una vida humana.