UGT y CCOO han aunado fuerzas para concentrarse en la plaza de los Reyes este miércoles. Su proclama es clara: no jugar con la salud de los mutualistas de Muface. La cuenta atrás para el fin del concierto avanza y, entre acuerdos y desencuentros, han pedido a las propias aseguradoras que piensen antes en los pacientes de Ceuta y de España antes que “el dinero”.
Asimismo, han instado al Gobierno a que medie para que la postura de estas empresas cambie y han llamado a la calma a los afiliados ya que desde la mutua han aseverado que se trabaja para detener su fin.
Yolanda Aparicio, al frente de la gestión de UGT hasta la llegada de la confederación, ha recalcado que hay que presentar las quejas sobre situaciones que les hayan ocurrido con las compañías “para que imponga las penalidades correspondientes”. Ha enfatizado que “no se puede plasmar solo en comentarios, hay que hacerlo por escrito y que la reclamación llegue, que eso sí que le va a doler a los bolsillos”, ha manifestado.
Manuel Domínguez, coordinador de la AGE de la FSC-CCOO de Ceuta, la ha acompañado en la portavocía de esta concentración. Ha transmitido un mensaje de serenidad y ha comunicado su “tranquilidad” a los afectados ya que, “independientemente de que la prórroga continúa hasta finales de enero, la ley de contratos obliga a que se extienda hasta nueves meses más si una de las partes denuncia la inexistente posibilidad de asentarse”.
Informes
“Este martes se publicaron unos informes de unas consultas de mercado que se han hecho previos a la nueva licitación. Estos ya se están estudiando. Esto significa que desde Muface no están de brazos cruzados”, ha señalado Aparicio.
“La salud está por delante de todo. No todo son beneficios ni economía. Primero están los mutualistas, sus familias y los tratamientos. Hay personas en situaciones muy graves y que no pueden estar en un estado de incertidumbre”, ha añadido.
Aparicio ha insistido en que el problema no radica en la mutua como tal y que más bien se encuentra en la actitud de rechazo de la aseguradora de subirse al carro de las propuestas del Gobierno.
“Lo que criticamos es lo que están haciendo estas empresas. Les pedimos vehemencia a la Administración para que tire de las orejas a esas entidades, se ponga en su sitio y les diga que hasta aquí han llegado. Que les indiquen que esto es lo que pueden hacer, lo que cuesta y que no jueguen con los mutualistas. No se puede permitir”, ha insistido.
Domínguez ha considerado que la exigencia de las empresas de una subida del 40% “es un atraco contra la salud”. Ha trasladado que “el 17% para el año 2025-2026 supone 2.681 euros en el montante global y sin embargo quieren el 40%, lo que a nuestro parecer está por encima del 18%, es decir, del IPC que estimados”
Aparicio ha asegurado que la desaparición de Muface y la consecuente probabilidad de que los pacientes sean emplazados a centros públicos “tensionaría el sistema de sobremanera en la ciudad”.
Los dos sindicatos, al igual que muchos funcionarios de Ceuta, están a la espera de que finalmente haya alguna medida que impida que el modelo, tras más de cincuenta años, llegue a su punto y final.
"Colapso" para la sanidad de Ceuta si desaparece
El posible traslado de unos 4.189 ceutíes de la mutua al sistema público también ha sido objeto de inquietud, una preocupación que comparten en UGT y CCOO. Domínguez y Aparicio han apuntado a la demora que ello generaría y que para el caso de Ceuta sería, a su juicio, una fuente de “colapso”.
El coordinador de la AGE de la FSC-CCOO de Ceuta ha expresado que “no es justo para nadie. Evidentemente se produciría esta saturación”. Ha puntualizado que “por unidad puede haber como mínimo tres personas y, desde nuestro criterio, el hospital no está capacitado para recibir a esa cantidad de personas”.
Ha contestado al mensaje del Ingesa en alusión a que este traspaso sería “llevadero”. Él ha detallado que “viendo los datos de las colas de espera, no es una idea halagüeña. Si una operación tarde dos o tres meses, irá a peor. Es hablar por hablar”. Ha recordado que “si hay un solo especialista en un área, y resulta que la lista de espera es de cuatro meses y se suman unas 4.000 personas, ¿hasta dónde llegaría la demora?”. Ha mencionado que “un 40% de los mutualistas busca a esta clase de facultativos en la Península”.
