Una familia residente en una vivienda situada en calle Argentina tendrá que abandonar la casa que alquila porque como consta tanto en acuerdo de Consejo de Gobierno de Ceuta, como en sentencia judicial, se trata de una construcción realizada ilegalmente y que, por tanto, será objeto de demolición.
En una de las visitas domiciliarias efectuadas a lo largo de los años que dura este litigio, Servicios Sociales contactó con esta familia que se ha visto envuelta en un desahucio por causas ajenas a su arrendamiento. Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles, vive de alquiler en la planta baja de ese inmueble junto a su unidad familiar (matrimonio y tres hijos menores).
El juzgado de Ceuta en el que consta el expediente acordó que el lanzamiento de la familia se efectuase el pasado 18 de octubre a las 10:00 horas.
Un acto en el que debían comparecen las personas necesarias para llevar adelante la orden pero que, para sorpresa de la Ciudad Autónoma, cuando todo estaba preparado para desalojar a la familia, nadie del juzgado se personó en la vivienda de calle Argentina y procedieron a suspender el operativo.
A pesar de esta contradicción, el mismo BOE indica que el próximo 19 de noviembre, a las 8:30 horas, se procederá a la ejecución de la sentencia condenatoria por vulneración del ordenamiento urbanístico que conlleva la demolición de la obra ilegal.
Para este operativo, se acuerda solicitar la asistencia de efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local además de la presencia del Parque Móvil para la retirada de los enseres que pudieran encontrarse en el lugar. Se da la circunstancia de que, en la planta superior del inmueble, reside el dueño del mismo y 'casero' de la familia afectada por el desahucio.
La familia afectada, sin nómina para acceder a otro alquiler
La cabeza visible de la familia afectada mantiene una búsqueda incesante de vivienda, "encontrando gran dificultad para el arrendamiento puesto que en la inmensa mayoría de los casos los propietarios solicitan como requisitos principal la posesión de una nómina"
Esta madre carece "de nómina, disponiendo como ingresos económicos un Ingreso Mínimo Vital según base de datos SCSP, de su hijo como beneficiario de 353 euros y una prestación económicas de cuidados en el entorno familiar (Dependencia) que asciende a 153 euros", describe el BOE la dramática situación personal de estos arrendatarios.
El Departamento de Alojamiento Alternativo de Servicios Sociales se encarga de su caso y, como también figura en el boletín, se ha ofrecido a esta usuaria la posibilidad de gestionar el importe de la fianza y primera mensualidad de la vivienda para facilitar el acceso lo antes posible a una vivienda de alquiler y normalizar la situación.
Habría que actuar duramente con esos propietarios que a mala fe, con el fin de prolongar una ocupación ilegal, alquilan un inmueble a terceros. Aquí no bastaría solo con la demolición, sino sería necesario una sanción penal ejemplar. El terreno público es de uso y disfrute de todos los ciudadanos.