La Ciudad admitió que los trabajadores de ‘La Esperanza’ “sospechaban” que los menores sí tenían familiares
Satisfecha y expectante. Así aseguró encontrarse la consejera de Juventud, Deportes y Menores, Susana Román, ante la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía ante el caso de supuesta irregularidad ocurrida en la gestión de los Menores no Acompañados (MENA) de Ceuta. La denuncia y posterior investigación publicadas por este periódico han trascendido finalmente a la alta instancia judicial, desde la el lunes se informó de la apertura de las pertinentes diligencias. “En este momento la Ciudad se mantiene a la expectativa de los posibles datos que puedan solicitar desde la Fiscalía”, manifestó ayer la consejera, quien no negó haber sentido “satisfacción” al conocer la referida noticia.
El caso de las irregularidades cometidas por los MENA contiene puntos que solo serán esclarecidos tras la investigación abierta desde el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, por su lado, se ha ido ocupando de anunciar la promoción de una nueva norma para los menores extranjeros. Susana Román, miembro del Ejecutivo local responsable de los asuntos relacionados con los menores, aseguró ayer que, efectivamente, ya existían sospechas de la comisión de irregularidades por parte de los MENA que residen en el centro ‘La Esperanza’. “Varios trabajadores lo habían detectado. Había menores a los que se les sospechaba la existencia de familiares”.
Y en eso consistiría la supuesta irregularidad. Una parte de los menores acogidos no está realmente “desamparada”. “Se trata de un caso jurídico complejo, puesto que se trata de menores no nacionales”, señaló Román, para quien tanto la colaboración de los Cuerpos de Seguridad del Estado como la de la Fiscalía se antojarán cruciales para la resolución del caso.
A continuación, la consejera cifró en unos 125 o 130 menores los acogidos en el centro de menores de ‘La Esperanza’, cifra que obliga a las autoridades, aseguró Román, a la construcción de un nuevo centro, una vez descartado al edificio de San José. “Será de una partida extraída de los presupuestos de 2012. La idea, descartado el traspaso a San José, será construir una centro de nueva planta adecuado, hecho y pensado para los menores”, manifestó.
En cuanto a la gestión de la próxima residencia para los MENA, Román aseguró que la gestión tanto de la construcción como de la posterior gestión será una iniciativa público-privada, “que es el mismo procedimiento seguido en un alto número de gestiones en la Ciudad”. “Desde el Gobierno tenemos externalizadas varias partidas. Con la construcción y la gestión de la residencia de los MENA se procederá de la misma forma. La atención será la misma”, manifestó la consejera.
El antecedente, en una denuncia de la AUGC
Ha sido una reacción en cascada, como el que ocurre en el interior de una bomba de uranio radiactivo. En esta ocasión, el detonante fue una denuncia realizada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en torno a la entrada de menores marroquíes para ingresar en el centro de ‘La Esperanza’, sin que realmente se tratara de un particular de niños desamparados. Aquel fue el chispazo publicado en ‘El Faro’, posteriormente investigado, y que no ha pasado desapercibido para el Ministerio Fiscal. Y así fue. El lunes, la Fiscalía anunció la apertura de las correspondientes diligencias que estarán destinadas a dilucidar la existencia o no de irregularidades en la acogida de los MENA en Ceuta, caso en el que el erario público estaría desviándose a la manutención y educación de unos menores que no están relamente desamparados.
