Un total de 125 organizaciones de todo el Estado español han emitido un comunicado para advertir a la Junta de Andalucía que emprenderán todas las acciones legales a su alcance si siguen adelante con el acuerdo suscrito entre el
Partido Popular,
Ciudadanos y
VOX, por el que se comprometen a ceder los datos a la Policía y
Guardia Civil de las personas migrantes en situación irregular.
Las organizaciones denuncian que el acuerdo vulnera la Ley de Protección de Datos, el Reglamento de la UE de Protección de Datos, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Declaración Universal de los Derechos Humanos Numerosas entidades, también de Ceuta como Alarm Phone, han enviado una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, demandando que dé marcha atrás en el acuerdo alcanzado con VOX
La gravedad de la situación ha provocado que, en menos de 24 horas, un total de 125 organizaciones se hayan puesto de acuerdo. Las entidades han remitido al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, una carta en la que recuerdan al Gobierno andaluz que todas las personas, independientemente de su situación administrativa, “tienen derechos fundamentales” y que “el acuerdo anunciado vulnera el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el Reglamento UE de Protección de Datos de 2016 y la Ley Orgánica de Protección de Datos”, por lo que le requieren a que “dé marcha atrás respecto al acuerdo firmado con VOX” y rechace expresamente la iniciativa.
La propuesta de cesión de datos a partir de ficheros sanitarios y sociales, que permitiría su identificación, localización y posible expulsión del territorio español, se enmarca en el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020. El acuerdo, firmado durante el mes de junio de este año, contiene un total de 35 puntos que, tal y como han manifestado las entidades, son “claras concesiones al ideario ultra de VOX”.
Algunas de las organizaciones ya anunciaron que el “acuerdo firmado el pasado verano suponía una criminalización de las personas migrantes”. Ahora, la ratificación de aquel acuerdo, sostienen, “está más cerca de materializarse”. En concreto, el punto 27 del documento recoge una propuesta de “Convenio de colaboración con el Ministerio del Interior en materia de inmigración irregular” que, a ojos de las organizaciones, “supone un flagrante atentado contra los derechos fundamentales de las personas migrantes”.
En cuanto al contenido de dicho acuerdo, “se solicita la creación de una institución de coordinación entre las Administraciones autonómica y estatal” que facilite la información sanitaria y social con “el único propósito de agilizar las expulsiones de personas migrantes”. Según las organizaciones andaluzas, el solo anuncio de esta medida “va a generar un efecto de desaliento en el acceso a los servicios sanitarios y sociales”.