La participación de la vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera vuelve a poner sobre la mesa una realidad que demasiadas veces queda relegada: la singularidad de Ceuta exige soluciones específicas, estables y justas.
Su intervención en Madrid no fue un mero trámite institucional, sino un recordatorio firme de que la ciudad no puede seguir encajando en un modelo de financiación diseñado para realidades territoriales muy distintas.
Chandiramani defendió con claridad que Ceuta gestiona competencias municipales y autonómicas sin disponer de la capacidad normativa plena de una comunidad autónoma.
A ello se suma la responsabilidad añadida de ser frontera sur de Europa y único territorio, junto a Melilla, incluido en la Estrategia de Seguridad Nacional.
No es una cuestión retórica: esta condición implica cargas, obligaciones y riesgos que requieren necesariamente un sistema de financiación diferenciado.
La consejera insistió en un planteamiento razonable y largamente esperado: un modelo estable, basado en población ajustada, negociado de forma multilateral y que garantice transparencia y suficiencia.
Sin esa base, Ceuta continuará atrapada en un equilibrio frágil, incapaz de afrontar con garantías retos como la presión migratoria, que multiplica por 20 la media nacional en menores no acompañados, la sobrecarga del gasto social o el incumplimiento reiterado de la Administración General del Estado en materias tan sensibles como la sanidad o la valoración de la discapacidad.
El mensaje de Chandiramani fue claro: Ceuta no pide privilegios, pide justicia. España necesita que Ceuta funcione, y para ello resulta imprescindible que el Gobierno central responda con hechos y no solo con compromisos. La estabilidad de la ciudad y, en buena medida, la de todo el territorio nacional depende de ello.
